Joaquín Tornos: "La debilidad de los gobiernos y la fragmentación de los Parlamentos impide que se aprueben leyes"

Se ha publicado la valoración general del Estado autonómico en 2021 que realiza el Observatorio de Derecho Público de Barcelona, a través del Informe de las Comunidades Autónomas, y apunta a que las autonomías impulsaron su actividad legislativa tras la pandemia. Sin embargo, no en todas ha sido así. Hay dos comunidades con la actividad legislativa parada: Catalunya , donde se aprobaron 2 leyes en 2021, y Madrid, donde se aprobaron 4. 

En CatalunyaPress hemos entrevistado a Joaquín Torno, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona desde el año 1986, presidente del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya de mayo del 2004 a marzo del 2006, entre otros cargos. Un experto con un extenso currículo que, además, se ha encargado de elaborar el informe sobre Catalunya en la valoración general del Estado autonómico en 2021. 

P.: ¿Cómo ha sido la gestión del Govern en 2021? 

R.: El año pasado fue un año electoral, con unas elecciones que se intentaron aplazar y finalmente se celebraron. La composición del Govern se ha mantenido dentro de una continuidad basada en la confrontación y viciosidad interna, con dificultad para conformar un gobierno unido y par adoptar resoluciones que quedaron paradas. El Gobierno de la Generalitat, por sus tensiones internas, no aprobó ni una sola ley.

También fue un año donde se produjo la "finalización", podríamos decir, del problema de la pandemia, y antes de esto muchas de las actuaciones estaban condicionadas por ese tema.

P.:La actividad legislativa en Catalunya fue casi inexistente...

R.: Se aprobaron dos leyes no sustantivas y todo a través de decretos, lo cual es también común en el resto de comunidades autónomas. Se trata de un fenómeno reciente y preocupante. La debilidad de los gobiernos y la fragmentación de los Parlamentos lleva a aplicar decretos ley, sin aprobar leyes en los hemiciclos.  

P.: ¿Cómo fue encuentra la relación entre Generalitat y Gobierno de España?

R.: Se está produciendo una relativa rebaja de la tensión entre el Gobierno de la Generalitat y del Estado como consecuencia de los indultos y la creación de la mesa de negociación que, aunque haya servido para rebajar la tensión y dar sensación de que se habría una vía de diálogo, finalmente no ha sido más que el reconocer que se iban a sentar en una mesa, de la que no han salido acuerdos importantes. Las posturas seguían muy enfrentadas: Esquerra solo pedía amnistía y referéndum, una posición que no permite avanzar en la negociación. La mesa, además, fue boicoteada desde Junts, que no quiso formar parte de la misma. 

P.: Y además de las posiciones de Esquerra, ¿hubo más dificultades para el diálogo? 

R.: La judicialización del tema del procés seguia viva a través de una serie de sentencias que van saliendo a lo largo del tiempo: sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprerior de Justicia que iban analizando los recursos que se habían interpuesto. Las sentencias del Tribunal Constitucional, si bien todas eran desestimatorias con las pretensiones de los recurrentes, sí que hay un par o tres que tienen votos particulares en relación a la impugnación de la pena de la sentencia penal. Algunos jueces aprecian que hubo desproporción en las penas impuestas, un dato que es muy significativo. 

P.: Con este panorama, ¿cómo fue la coyuntura económica en 2021?

R.: A pesar de esta problemática, de un Gobierno dividido, de empresas que se han ido y no han vuelto, la situación económica en Catalunya no es mala. Varios informes demuestran que, a pesar de esta coyuntura, Catalunya sigue manteniendo un crecimiento razonable, equiparable al de otras comunidades autónomas, y por tanto la economía no está paralizada.

P.: ¿El movimiento independentista sigue teniendo el mismo músculo?

R.: Encuestas manifiestan que está bajando el apoyo al proceso independentistas, que se notaba una cierta desafección y agotamiento de la población de la ciudadanía con el tema. En las últimas elecciones autonómicas, la participación ciudadana fue muy baja, y si los partidos independentistas tuvieran un gran apoyo hubiesen logrado una gran movilización. Pero si bien es verdad, que en número de votos, las fuerzas soberanistas obtuvieron más del 50%, se dejaron por el camino 600.000 votos, que no son pocos. Esto refleja una tendencia de caída del apoyo a las posiciones más radicales del independentismo. En las encuestas se sigue viendo que hay un claro apoyo de la población catalana a un referéndum, pero ya no se planea tanto con la radicalidad del unilateralismo. Y además, la pregunta de: '¿Quiere usted ejercer el derecho a decidir?', pues todo el mundo dice que sí, porque todos queremos decidir todo. Es una pregunta que su lectura depende mucho de cómo se haga y en qué contexto. 

P.: ¿Cuáles que son los retos de Catalunya para este 2022?

R.: Los retos fundamentales son conseguir un Gobierno cohesionado, que asuma realmente que lo que más importa a los ciudadanos son las cuestiones relativas a la gestión, y que se mejoren las vías de negociación con el Gobierno, con el Estado. Alguna cosa ya se ha hecho, pero se debe reforzar. También hay cuestiones de calidad democrática que deberían asumirse. El Parlamento catalán está funcionando con muchos déficits de cultura democrática: la situación de la presidenta, las tensiones internas que hay entre los letrados,... Como aspecto positivo, se logró pactar la renovación de algunos órganos constitucionales, como el Consell de Garanties Estatutàries, de la Comisión Jurídica Asesora, el Tribunal de la Sindicatura de Comptes,...

Pero, resumiendo, se deben seguir mejorando los principios de un estado democrático, la cohesión interna del Gobierno, aprobar los presupuestos en diciembre de este año y ponerse a trabajar las cuestiones como llevar a cabo una buena gestión de los Fondos Next Generation. Porque se quejan de la falta de transferencias, pero la realidad es que se ha transferido muchísimo dinero, otra cosa es que aquí no se gestione, y eso es culpa del Gobierno catalán.