Prisión con fianza para 6 detenidos por pesca ilegal en la Antártida

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión eludible bajo sendas fianzas de 100.000 euros para para cuatro miembros de la familia de Vidal Armadores, a la que se acusa de pescar ilegalmente austromerluza en aguas de la Antártida desde, al menos, el año 2006. La magistrada ha tomado la misma decisión para otros dos trabajadores arrestados en la operación 'Yuyus'.

La magistrada, que atribuye a los acusados delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, ha justificado su resolución en el riesgo de fuga, la "alta" probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las "trabas e intervenciones" que puedan hacer en su patrimonio ilícito.

Lamela ha dictado un auto en el que les impone otras medidas cautelares, como la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a sus domicilios y la obligación de fijar la localización de sus viviendas.

Para la pesca de esta especie, conocida como 'oro blanco' por el alto valor que alcanza en el mercado, el entramado utilizaba diversos buques registrados a nombre de "empresas interpuestas con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre".

Una de las naves se bautizó con el nombre de 'Thule' y pasó posteriormente a denominarse 'Kunlun', 'Eolo', 'Redmoon', 'Blackmoon' e 'InaMaka' durante un periplo en el que portó variopintas banderas de países como Guinea Ecuatorial o Corea del Norte. Además, disponían de otros tres navíos para la pesca ilícita, que también se llamaron de distintas formas, entre ellas 'Louyang', 'Songhua' y 'Yongding'.

Los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de un entramado societario radicado en España y en el extranjero. Según la documentación aportada por la Guardia Civil, el grupo empresarial estaría compuesto por mercantiles nacionales junto con otras ubicadas en Estados como Belice, Suiza o Panamá.

De hecho, los acusados han llegado a percibir indemnizaciones por el hundimiento de buques que transportaban la mercancía ilícita. La empresa Millenium Trading Invest, domiciliada en Belice, sería la beneficiaria final del cobro de una compensación que ascendió a 6,3 millones de euros, de los cuales a la embarcación corresponderían 1,25 millones y el resto se referían a la pérdida de la carga. Al final, el Grupo Vidal logró "blanquear parte de la indemnización recibida, convirtiéndola en el pago de un buque lícito".