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Eulen, la piedra en el zapato para el futuro de Feijóo

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Durante los últimos años se ha acusado en varias ocasiones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de favorecer desde las instituciones a la empresa Eulen, en la que su hermana Micaela Feijóo ocupa un puesto directivo.


Hasta ahora, el PP se había escudado en la importancia de la empresa y su idoneidad para justificar los concursos que ganaba. Pero este argumento acaba de verse cuestionado, después de que un contrato de 2,3 millones de euros para las bibliotecas de A Coruña se haya visto implicado en una investigación por supuesto tráfico de influencias. 


El contrato en cuestión, requisado el pasado miércoles por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, fue adjudicado a Eulen en 2012 cuando gobernaba el alcalde popular Carlos Negreira, dirigente próximo al presidente de la Xunta. En él se encargaba a la empresa de la hermana de Feijóo la prestación de servicios de bibliotecarios en la ciudad por un plazo de cuatro años. 


Desde el BNG se han pronunciando, confiando en que la investigación "aclare" por qué se adjudicó el contrato a Eulen, "bajo criterios subjetivos y en detrimento de una pequeña empresa coruñesa". Esperan que se depuren responsabilidades "alcancen a quien alcancen". 


El caso es que esta actuación judicial alimenta las sospechas de la oposición de un posible caso de favoritismo por parte del presidente de la Xunta para la empresa de su hermana, en un momento clave para las aspiraciones políticas de Feijóo, que aclarará próximamente si opta a un tercer mandato a la Xunta, si intenta dar el salto a Madrid o si por el contrario elige dejar la política.


REITERADAS SOSPECHA DE FAVORITISMOS

No es la primera vez que surgen dudas sobre un posible caso de favoritismo para la empresa de Micaela Feijóo. La oposición comenzó a lanzar acusaciones desde el comienzo de la primera legislatura del presidente gallego. Pero a partir de 2012 la presión se incrementó, después que el PSOE recogiera una denuncia de la CIG relacionada con el servicio de atención del Instituto Galego de Consumo para afectados por las preferentes. 


En aquel momento el contrato con Eulen se realizó a través de dos procedimientos negociados paralelos, por valor de 60.000 euros en A Coruña y 25.000 en Pontevedra. Dado que el límite para este tipo de adjudicaciones se encuentra en los 60.000 euros, la oposición detectó un fraude en el que según ellos se dividió un único proceso con el único objeto de eludir la publicidad. 


Poco después, el BNG se sumó a las acusaciones de los socialistas, denunciando que la Xunta de Feijóo adjudicara a Eulen contratos por valor de 1,4 millones de euros sólo entre 2010 y 2011. En aquel momento la oposición intentó, sin conseguirlo, que Feijóo diese explicaciones públicas sobre estos procesos. 

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