La juez Eva Armesto considera que hay indicios de delito en la actuación de Manuel Baltar, por eso lo ha citado tanto a él como a la mujer que lo denunció por acoso sexual para responder por un supuesto delito de cohecho. Pero el fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, no podía pensar de forma más diferente: pide que se anule la condición de investigado del presidente de la Diputación de Ourense, ya que no ve ni el "mínimo racional de indicios" en su contra. 


El fiscal pone el foco en la propia denunciante, a la que considera claramente sospechosa de intentar vengarse por no haber conseguido su objetivo ilícito de enchufarse en la Diputación. De hecho la acusa de haber llegado "al extremo de la autoinculpación para lograr el avieso fin de instrumentalizar un procedimiento penal". 


Florentino Delgado vuelve en contra de la denunciante las conversaciones grabadas en secreto que ella aportó como prueba. En ellas Baltar le asegura que le iba a "solucionar el problema". Pero el fiscal considera que estas conversaciones fueron forzadas, y que no se puede establecer "un mínimo de exteriorización de la voluntad delictiva del denunciado-investigado, más bien todo lo contrario". La única forma de ver indicios de culpa en Baltar, según dice, sería en el supuesto de que  "mantener una relación sexual" fuese un acto sospechoso de cohecho. 


Concluye hablando de un caso con "una presión moral indebida" que no terminó "en una verdadera resolución", atribuyendo el caso al deseo de venganza de la denunciante al verse burlada.  


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