Abogados del turno de oficio arrancan la huelga indefinida: "Es un paro totalmente legal; no hay posibilidad de sanción"

Este martes 21 de noviembre España vive una jornada tan histórica como incierta. Los abogados y procuradores del turno de oficio, después de meses demandando mejoras en sus condiciones laborales, han dicho basta e inician una huelga nacional indefinida. Las togas estarán colgadas desde esta jornada y hasta que el sector vea voluntad de las administraciones para mejorar un servicio tan necesario como precario en estos momentos, ya que la defensa en un proceso judicial es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Por eso, y después de la amplísima mayoría de profesionales favorables a acudir a la huelga recogida en las últimas semanas en las decenas de asambleas celebradas a lo largo y ancho del país, los abogados y procuradores del TO entran hoy en un escenario insólito, pero que deben transitar ya que, como sostienen, es la única forma de ser escuchados, como amargamente han comprobado.

El sindicato que abandera esta lucha es Venia y Rosa Lozano, delegada en Galicia del sindicato Venia y portavoz de la plataforma ‘Marea Negra’ que reúne a decenas de estos profesionales, es una de las letradas que lleva meses denunciando la situación que viven en los despachos y juzgados. Para hoy, Lozano aventura “un éxito total” con “la suspensión de todo lo que no sean servicios mínimos”. “Hemos solicitado a los compañeros que presenten escritos en todos los procedimientos para solicitar la suspensión de todas las tramitaciones de todos los procedimientos en los que participamos los abogados del turno de oficio y no entren en los servicios mínimos”, detalla.

Desde el sector insisten en que el de hoy es el primer día de una huelga “nacional e indefinida”, por lo que la declaración de huelga no se levantará hasta que las administraciones públicas -el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y todas las consejerías de las comunidades con la competencia transferida- se sienten a negociar. “Hasta que haya una negociación y veamos una voluntad de solucionar este problema histórico, enquistado y que no podemos mantener más”, refrenda Lozano. 

¿ES LEGAL LA HUELGA? “ESTAMOS MUY TRANQUILOS”

La gran duda que sobrevoló al sector fue la legalidad de la huelga. Aunque este no es el primer paro de la historia del sector, ya que el pasado 12 julio se vivió la primera huelga de este servicio -y ya entonces los convocantes de la protesta estudiaron de manera concienzuda que se ajustase a la legalidad-, todavía existen muchas administraciones que discuten el derecho de los profesionales del turno de oficio a echar mano de esta herramienta de presión. 

El último en pronunciarse en este sentido fue la Dirección General de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que negó este derecho. No obstante, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo admitió, y así se lo hizo saber a Venia, que “la   competencia para declarar ilegal una huelga corresponde exclusivamente a los Tribunales”. El lío está servido.

Con todo, desde el sindicato dicen estar “muy tranquilos” y cuentan con suficientes informes de sus servicios jurídicos que fundamentan su postura. “Total tranquilidad y total seguridad. La huelga es totalmente legal. La Constitución reconoce el derecho de huelga de todos los españoles y solo en aquellos casos en los que la ley lo prohíbe expresamente, como en el caso de la Guardia Civil, por ejemplo, no se puede llevar a cabo. No somos uno de esos casos y no somos ciudadanos sin derechos. Nos asisten nuestros derechos como ciudadanos y trabajadores que somos”, sostienen desde Venia. 

SERVICIOS MÍNIMOS Y “SIN CONFLICTOS”

El gran condicionante, en todo caso, es la gran dificultad que han encontrado para establecer los servicios mínimos por el silencio de la mayoría de administraciones, a las que acusan, como en el caso del Ministerio, de “ponerse de perfil” ya que de indicarlos “reconocerían nuestra vinculación laboral que pretenden negar”. Con el pretexto de que es un supuesto que hoy “no está regulado”, las administraciones se amparan en ese vacío, que desde Venia ya habían previsto después de lo ocurrido en julio, cuando el director Xeral de Xustiza, José Tronchoni, declaró a la Consellería "no competente" como para fijar los servicios mínimos.

A la vista de que este supuesto podría repetirse, desde el sindicato se curaron en salud y elaboraron un protocolo que hicieron llegar a los huelguistas con todo un decálogo de pasos a seguir y de cómo debían proceder durante la huelga. De cualquier manera, y hasta ahora en el caso particular de Galicia, la Consellería de Xustiza no ha dado respuesta alguna a los escritos de Venia. “No habrá ninguna posibilidad de sancionar a ningún compañero”, recalca Lozano, al tiempo que denuncia la “total dejadez de las administraciones” a la hora de “proteger estos derechos al no establecer servicios mínimos”.

El temor a las sanciones era otro punto candente que el sindicato se lanzó a apagar lo más pronto posible. En el documento acercado a los abogados y procuradores hacen especial hincapié en que ningún huelguista debe caer en la desobediencia. El énfasis en este aspecto, el de evitar conflictos abiertos en los juzgados y entorpecer los procesos judiciales de una forma fuera de los trámites habituales, ha sido crucial para demostrar el compromiso y seriedad del sector. 

“Estamos en un sector en el que la gente deposita en nuestras manos su ejercicio de un derecho constitucional y vamos a respetar el protocolo que nos hemos dado. Es un protocolo que se basa en solicitar en cada procedimiento la suspensión. Si por lo que fuese el magistrado no considera la suspensión se le solicitan que recurran y que celebren. Ya más tarde se tomarán las medidas oportunas que valore el sindicato con aquellas personas que consideremos que hayan intentado bloquear el ejercicio de este derecho constitucional, pero no pondremos en riesgo a ningún compañero ni ningún procedimiento”, detalla Lozano. 
 

LLOP PASA LA CARTERA A BOLAÑOS

A lo largo de estas semanas de lucha el sector ha recibido muchos apoyos, como el del Consello da Avogacía Galega. Con entusiasmo y excitación, los profesionales del sector ven como el listado de instituciones que los respaldan aumenta sin cesar. “Hay adhesiones a cada minuto, con llamadas de compañeros pidiendo instrucciones. Es muy emocionante, es la primera vez que ocurre a nivel estatal y contamos con noticias de juzgados que nos mandan su apoyo, fiscalías…es imparable, una marea negra imparable”, festeja Lozano. 
 

En esa realidad cambiante la última gran noticia fue la llegada de Félix Bolaños al frente del Ministerio de Justicia en sustitución de Pilar Llop, la ministra que tuvo que negociar con los LAJs, con los Funcionarios de la Administración de Justicia y con jueces y fiscales, conflictos que sin duda han pasado factura a la cartera que ahora asume una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez.
 

Este movimiento lo interpretan desde Venia como una nueva etapa. “Con estas nuevas caras en el Ministerio esperamos que se encuentren más dispuestos a escuchar a los operadores jurídicos de lo que estaban hasta ahora”, consideran. Lozano sí pide a Bolaños “valentía” para “dar un paso al frente y afrontar esta regulación necesaria”: “Parece increíble que en 2023 el Ministerio de Justicia use nuestros servicios y se los haga llegar a los ciudadanos pero niegue toda relación laboral con nosotros”. 

El objetivo es ser reconocidos como “personal laboral especial, con nuestros derechos a cotizaciones, bajas y demás”. Una retribución digna e igual, "abonada en tiempo y forma", en toda España, derecho a la conciliación y al descanso, la reducción de la carga burocrática o el derecho a la formación gratuita son algunas de las muchas demandas de los manifestantes, que ya vieron un tímido acercamiento por parte de las administraciones con motivo de la huelga del verano pasado.

“Sí nos llamaron, como también nos llamaron todos los partidos con grupo en el Parlamento de Galicia”, reconoce Lozano, si bien apostilla que “hay más cercanía y complicidad en los partidos de la oposición que en el que tiene una mayoría en la Cámara”. “Esperemos que esto cambie y que las conversaciones permitan mejorar a toda la profesión”. 

Por ahora y para este martes hay convocadas concentraciones en todos los órganos jurisdiccionales de Galicia a las 12 horas. En adelante, los manifestantes celebrarán más protestas que, por ahora, se resisten en dar a conocer a la espera de que cristalice un primer día de lucha. “Somos todos abogados, autónomos, de despachos pequeños que seguimos llevando muchos asuntos, tanto privados como del turno de oficio, sacando de nuestro tiempo libre para movilizar este sector”, sentencia Lozano, que este martes vuelve a las barricadas, donde no estará sola. Al contrario, estará legalmente acompañada.