CIG-Ensino demanda al Ministerio medidas para una rebaja "real" de las ratios y de las horas lectivas

La Confederación Intersindical Galega (CIG-Ensino) ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus reivindicaciones más repetidas en los últimos años: una regulación estatal que garantice una reducción real de las ratios en las aulas y el retorno a los horarios lectivos previos a los recortes educativos. El sindicato gallego denuncia que el Ministerio de Educación “empeora” el texto del anteproyecto de ley sobre las condiciones laborales del profesorado respecto a los avances conseguidos previamente en los grupos de trabajo.

MÁS MARGEN

Desde la central sindical se insiste en que el nuevo marco normativo debe tener un carácter básico y flexible, que fije unos máximos de horas lectivas y deje libertad a las comunidades autónomas —como Galicia— para reducirlos en función de sus políticas educativas. En ese sentido, la CIG plantea que se considere tiempo lectivo toda actividad que implique atención directa al alumnado, no únicamente las clases impartidas en aula.

Otra de sus peticiones es que el profesorado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial no supere las 21 horas semanales en el centro, una medida que, según defienden, favorecería la calidad educativa y el bienestar docente. Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que varias comunidades han iniciado sus propios procesos de reducción horaria, mientras el Ministerio busca una normativa básica común para todo el Estado.

SIN AVANCES

La organización sindical gallega lamenta que, pese a haber presentado una batería de medidas encaminadas a “mejorar” el anteproyecto ministerial, el Ministerio no haya asumido algunas de las cuestiones clave. Entre ellas, la mejora en la atención a la diversidad, un tema especialmente sensible para los equipos docentes que trabajan con alumnado con necesidades específicas.

Según la CIG, el nuevo borrador mantiene esta cuestión “supeditada a la voluntad política”, lo que en la práctica podría dejar la atención a estos estudiantes a criterio de cada administración o incluso de los centros. Desde el sindicato recuerdan que la inclusión educativa no puede depender de la buena voluntad, sino de una regulación sólida y clara que obligue a garantizar recursos y apoyos suficientes.

FP

Otro de los puntos que ha generado mayor preocupación en Galicia es el que afecta al profesorado de Formación Profesional. La CIG-Ensino denuncia que este colectivo será el principal perjudicado por la incorporación de la distribución irregular de la jornada, una medida que permitiría reorganizar las horas de trabajo de manera más flexible según las necesidades del centro.

Para la central sindical, esa “flexibilidad” podría traducirse en mayor carga laboral y menos estabilidad en la planificación. En los últimos meses, los sindicatos del sector educativo han alertado de que las reformas en la FP, impulsadas en parte por la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional estatal, han generado tensiones entre el profesorado por los cambios en sus condiciones de trabajo y la falta de recursos en los centros.

El sindicato recuerda que Galicia debe defender su autonomía educativa en la aplicación de cualquier normativa estatal y aprovechar la futura ley para adaptar los horarios y ratios a la realidad del sistema público gallego. En la comunidad, la reducción de ratios en aulas de Infantil y Primaria ha sido una de las principales demandas sindicales desde la pandemia, ya que las medidas temporales aplicadas durante esa etapa no se consolidaron en la normativa autonómica posterior.