Gran rechazo de los gallegos a la OPA hostil del BBVA, según datos del Sabadell

Una amplia mayoría de la ciudadanía española, especialmente en Galicia, muestra su rechazo a la oferta pública de adquisición lanzada por BBVA para absorber Banco Sabadell. Un estudio reciente, encargado por el Sabadell, refleja una clara preocupación por el impacto que esta operación tendría sobre los clientes, el empleo y el acceso a servicios financieros.


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Archivo - (I-D)El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, durante el acto de firma para la puesta en marcha de las líneas de financiación ICO Verd
Archivo - (I-D)El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, durante el acto de firma para la puesta en marcha de las líneas de financiación ICO 


Según los datos del Barómetro elaborado por Zinklar, el 81,4% de los gallegos se muestra en contra de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. A nivel nacional, el rechazo alcanza al 75% de los encuestados. El estudio se basa en 1.100 entrevistas a personas mayores de edad vinculadas con entidades financieras. Solo un 18,6% de los participantes gallegos se posiciona a favor de la integración.

 

La principal preocupación entre quienes rechazan la operación es el posible deterioro en el acceso a servicios bancarios. En Galicia, más del 66% de los encuestados cree que la fusión tendría efectos negativos elevados o bastante significativos en este ámbito. El temor a una mayor exclusión financiera, especialmente en zonas rurales, está muy presente en las respuestas.

 

 

 

 

Además, un 55,9% de los gallegos considera que los clientes de ambas entidades se verían afectados negativamente en caso de que la operación saliese adelante. Las condiciones bancarias, la financiación a empresas y la atención al usuario son algunos de los aspectos que generan más inquietud.

 

Impacto en empleo y sociedad, entre los mayores temores
El barómetro señala que más del 50% de los españoles considera que la fusión tendría un efecto negativo "mucho o bastante" en la sociedad. Esta cifra se incrementa hasta el 62% en comunidades como Cataluña, donde la entidad absorbida tiene una fuerte presencia. Uno de los principales focos de preocupación está en el ámbito laboral: el 76% de los encuestados anticipa un impacto alto en las plantillas de ambas entidades.

 

Desde Banco Sabadell se apunta a la existencia de lo que en el sector se denominan "sinergias negativas", efectos recurrentes en este tipo de fusiones. Se refieren principalmente a reducciones de personal, cierre de oficinas o pérdida de servicios de proximidad. Estos posibles efectos refuerzan el rechazo que la operación ha generado en amplias capas de la ciudadanía.

 

El estudio también recoge cómo afectaría la OPA a la fidelidad de los clientes. El 71% de los usuarios que tienen al Sabadell como banco principal se plantea cerrar su cuenta si se consuma la fusión. En el caso de los clientes del BBVA, el 21% también se muestra dispuesto a cambiar de entidad.

 

 

 

Más allá de las consecuencias inmediatas para usuarios y trabajadores, muchos encuestados temen un impacto estructural sobre la economía española. Entre los motivos del rechazo figuran también la concentración bancaria, la reducción de la competencia, y las implicaciones para el tejido empresarial que depende de la financiación de estas entidades.

 

La OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell sigue en un punto clave y todavía no se ha resuelto. Tras recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la operación se encuentra ahora a la espera de la decisión final del Gobierno, que tiene de plazo hasta el 26 de junio para imponer condiciones adicionales o bloquear la adquisición, algo que desde Bruselas no se vería con buenos ojos y que ha generado tensiones entre las autoridades españolas y europeas.

 

La  Comisión Europea ha rechazado los argumentos del Ejecutivo español para frenar la operación, considerando que podrían vulnerar la libre circulación de capitales. Mientras tanto, el Consejo de Ministros debe decidir si impone requisitos extra a la fusión, lo que podría derivar en un procedimiento de infracción por parte de la UE.

 

 

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