El PP alerta que Ley de Movilidad eliminará paradas de bus de largo recorrido en Lalín, Tuy y otros 20 ayuntamientos

Los diputados pontevedreses en el Congreso, Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón, han instado al Gobierno central a que "no siga desconectando Galicia" y exigen que "renuncie a la eliminación de las paradas de autobuses estatales" en los ayuntamientos de Lalín, O Porriño, Silleda, Forcarei y Tui, que "afecta a 70.000 ciudadanos de la provincia".

Los diputados pontevedreses Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón instaron al Ejecutivo a “no seguir desconectando Galicia” y a renunciar a la supresión de paradas de autobuses estatales en Lalín, O Porriño, Silleda, Forcarei y Tui, que, según sostienen, afectaría a unos 70.000 vecinos en la provincia y se enmarca en un recorte total de 23 paradas en Galicia con impacto sobre más de 136.000 habitantes, distribuido entre A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. 

Los populares situaron el foco en Tui junto a la concejala Anabel Solla, advirtiendo de un perjuicio que excede al Baixo Miño y alcanza al conjunto de la comunidad, con especial afectación en áreas rurales y en comarcas como Deza y Terra de Montes. La agenda parlamentaria añade urgencia: el debate y votación de la Ley de Movilidad Sostenible se fijó para este miércoles, con enmiendas del PP que buscan “blindar” la continuidad de las paradas, horarios y frecuencias actuales frente a un texto gubernamental que, a su juicio, facilitaría su eliminación. 

En clave política, los populares emplazaron a PSOE y BNG a respaldar estas enmiendas para “frenar el despropósito”, advirtiendo de que, en caso contrario, “estarán avalando que Sánchez siga desconectando Galicia”, en línea con la campaña impulsada en concellos afectados de Lugo y Pontevedra.

Qué cambia con la ley

La tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible ha ido modulando el alcance del nuevo mapa concesional estatal de autobuses, con ajustes para las áreas rurales que suavizan el riesgo de desaparición de paradas y abren la puerta a soluciones coordinadas con las comunidades autónomas, según los avances en Comisión. 

El Ministerio de Transportes defendió un rediseño para priorizar conexiones de largo recorrido y nodos de alta demanda, dejando a las autonomías la cobertura de tráficos intrarregionales, pero ese enfoque suscitó rechazo autonómico y llevó a introducir cambios para garantizar alternativas y financiación. En paralelo, desde el ámbito político y municipal se ha difundido un impacto potencial que, en estimaciones previas, apuntaba a miles de paradas suprimidas en España y a 22 concellos gallegos afectados, con casos concretos como los de Lalín, Silleda, Forcarei, Tui y O Porriño.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha garantizado que “no se va a suprimir ninguna parada” en el futuro mapa estatal, precisando que, además de las concesiones de largo radio, se licitarán rutas con paradas en municipios de difícil acceso, de modo que la cobertura territorial quede preservada pese a la reordenación de servicios. 

Transportes trasladó a las comunidades un proceso de diálogo y un plazo para fijar posición sobre el mapa, subrayando que, si no asumen los desplazamientos intrarregionales, el Estado igualmente articulará concesiones que mantengan las paradas, rechazando que el rediseño implique desconexión del rural. Además, durante la tramitación de la ley se introdujo una enmienda para que el mapa concesional se consensúe con las autonomías y para que el Estado compense económicamente cuando una comunidad asuma paradas actualmente estatales si eso acarrea un coste adicional, corrigiendo el esquema inicial de financiación.

Galicia y la negociación

La Xunta respondió que el mapa “debe negociarse” y rechazó elegir entre opciones “impuestas”, reclamando una Conferencia Nacional de Transportes para acordar el modelo y advirtiendo de la afectación sobre unos 22 concellos gallegos si se interpreta como tráficos autonómicos servicios hoy integrados en concesiones estatales.

En el ecosistema político gallego, el PPdeG intensificó su ofensiva para que el Gobierno “blinde por ley no desconectar Galicia”, vinculando la estabilidad demográfica del rural con el mantenimiento de paradas, frecuencias y horarios, y alertando de que un mapa no consensuado penaliza a territorios dispersos. Ese pulso institucional coincidió con el avance de la ley en el Congreso tras una treintena de cambios, entre ellos los que, según se destaca, garantizan que no se eliminarán paradas en zonas sin alternativa, extremo que el Gobierno enmarca como un compromiso de cobertura del servicio. 

En la provincia de Pontevedra, los focos señalados por los diputados populares son Lalín, O Porriño, Silleda, Forcarei y Tui, un corredor que agrupa núcleos rurales y áreas periurbanas donde la pérdida de paradas tendría impacto social y económico, con referencias demográficas que, según dirigentes locales, superan decenas de miles de vecino 

Qué se vota el miércoles

El Congreso encara la votación de la Ley de Movilidad Sostenible con enmiendas clave sobre el mapa de autobuses: desde el PP, para blindar por ley las paradas y frecuencias actuales; desde otros grupos, para asegurar consensos con autonomías y compensaciones, con un texto que ha incorporado ya cambios en esa dirección. La tramitación en Comisión dejó constancia de un principio: evitar eliminaciones de paradas sin alternativa y clarificar el reparto competencial entre Estado y comunidades, cuestión que será determinante para territorios con alta dispersión como Galicia. 

En ese marco, el Gobierno reivindica que el rediseño no se traducirá en desconexión, mientras el PP insiste en que solo un blindaje expreso impedirá supresiones futuras, convocando a PSOE y BNG a respaldar sus enmiendas en la sesión