Caldense que acabó pidiendo limosna tras perder empleo ve como la Justicia le perdona 66.000€

El Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra ha exonerado a un vecino de Caldas de Reis de una deuda de 66.810,53 euros tras un proceso administrativo ligado a la Ley de la Segunda Oportunidad. La resolución, que pone el foco en la vulnerabilidad de personas que pierden empleo y patrimonio, coincide con una serie de sentencias similares que demuestran la utilidad de este mecanismo jurídico. 


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Foto: Bergadà Abogados

 

En el fallo del Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra se ha reconocido la situación de insolvencia del vecino de Caldas y se le ha aplicado la exoneración del pasivo insatisfecho, un remedio que permite cancelar obligaciones económicas cuando concurren los requisitos legales. La cifra cancelada, 66.810,53 euros, responde a préstamos y tarjetas de crédito acumuladas tras un proceso personal de separación y posterior pérdida de empleo, según la documentación presentada por la defensa. 


El origen del sobreendeudamiento se sitúa en 2017, cuando el hombre pidió varias tarjetas de crédito para afrontar gastos vinculados a su separación. En ese momento contaba con un trabajo y unos ingresos que le permitían asumir los compromisos, pero la ruptura del vínculo laboral cambió por completo su situación económica y precipitó impagos que arrastraron intereses y recargos. 


A la pérdida del empleo se unieron problemas con el alquiler: cambios de titularidad en la vivienda y reclamaciones sucesivas que acabaron en embargos y en la pérdida de la casa. Según las gestiones relatadas al equipo que llevó el caso, Bergadà Abogados, boutique legal especializada en Derecho concursal, la acumulación de reclamaciones y la imposibilidad de pagar terminaron por forzar al hombre a dormir en la calle y pedir ayuda en puertas de supermercados; una situación de indigencia que, en su caso, se produjo como efecto encadenado de la insolvencia. 


Tras quedarse sin recursos, la presión de entidades bancarias y empresas de recobro se intensificó con llamadas y notificaciones que, según el expediente, agravaron la angustia del deudor. Cuando pudo volver a trabajar, explica la documentación, propuso pagar de forma fraccionada, pero las entidades exigieron el pago global de la deuda y rechazaron acuerdos razonables, lo que mantuvo la situación de bloqueo financiero. 


Hace más de seis meses el ahora exonerado contactó con Bergadà Abogados,. La letrada que asumió el caso evaluó la buena fe del deudor —un requisito legal para obtener la exoneración— y decidió iniciar el procedimiento concursal y la solicitud de liberación del pasivo insatisfecho. El proceso, tramitado ante el Juzgado Mercantil, culminó con la decisión de poner punto final al endeudamiento. 


Los abogados que trabajan con insolvencias insisten en que no todos los casos cumplen los requisitos, pero que cuando existe falta de patrimonio y buena fe se puede pedir la exoneración. En la provincia de Pontevedra, varias resoluciones judiciales recientes han dado salida a deudores en situación límite, desde exenciones moderadas hasta cancelaciones millonarias en casos vinculados a avales y pasivos derivados de actividades empresariales. Esa experiencia provincial ha multiplicado consultas y ha situado a los juzgados mercantiles como un recurso real para afectados. 


En el plano normativo, durante los últimos años se han introducido cambios para agilizar y racionalizar la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad,. Para la persona exonerada provenientes de Caldas, la resolución judicial tiene un efecto inmediato: la cancelación formal de obligaciones que le impedían rehacer su vida económica.  

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