Ecologistas acusan a la Xunta de torpedear a las granjas financiando a empresa insolvente de la mina de Touro

La confianza de Atalata Mining y su CEO, Alberto Lavandeira, ha sido inquebrantable durante más de un lustro, tiempo en el que han defendido que, más pronto que tarde, saldrá adelante su proyecto minero para reabrir la extracción de cobre en Touro y O Pino. La compañía es la que sostiene la iniciativa de Cobre San Rafael, una empresa que "no pidió subvención alguna ni la va a pedir", algo que han reafirmado desde la firma esta misma semana tras comuncarle a la Xunta que renuncia a las ayudas publicadas este jueves por la "tardanza" en permisos. En este contexto, desde las plataformas Ulloa Viva, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma Veciñal Mina de Touro - O Pino NON han emitido un comunicado donde censuran que el Gobierno de Galicia financia a una empresa insolvente en detrimento del sector primario, uno de los principales perjudicados de salir adelante el proyecto minero de Touro.

UNA EMPRESA "EN QUIEBRA" PERO CON AYUDAS DE LA XUNTA"

En su nota, los colectivos medioambientalistas recuerdan que Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael, negó que existiese contaminación en el río Ulla ni en los ríos del entorno de la mina, mientras que la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, visitaba las instalaciones de Río Tinto, Huelva, donde Atalaya Mining tiene su principal explotación en España. 

"Hoy conocemos, a través del DOG, las nuevas adjudicaciones a dedo de ayudas a Cobre San Rafael y Explotaciones Gallegas de dinero público de los gallegos y gallegas", reprenden las tres organizaciones, al tiempo que puntualizan que las ayudas, "por tercer año", llegan "como aguinaldo a una empresa que no tiene ningún proyecto minero aprobado y que no cuenta con ingresos por la sua actividad de ningún tipo" con el pretexto de "pagar los gastos de la realización de obras para evitar los vertidos de aguas contaminadas al Dominio Público Hidráulico (DPH) que se le había requerido en el 2018".

"En total, más de 340.000 euros se destinan a financiar una empresa que, según el registro mercantil, es insolvente, así como más de 110.000 euros para financiar al grupo empresarial EXGA. Este último, a pesar de ser uno de los grupos que obtiene el mayor número de licitaciones públicas, tiene que ser subvencionado y recurre ante los tribunales el pago de sanciones impuestas por Augas de Galicia por vertidos de aguas industriales con elementos contaminantes sin autorización", insiten las organizaciones, que manifiestan su "total oposición" a este método de "financiación a la mina", recordando además que la concesionaria tiene por ley "el deber de restaurar los terrenos y evitar que las aguas contaminadas salgan a los ríos", algo que ha resultado ineficaz hasta ahora. 

A renglón seguido, consideran que la insolvencia de la compañía no les ha impedido pagar "patrocinios en fiestas parroquiales, publireportajes o cuñas de radio", campañas de "greenwashing" que Cobre San Rafael ha asumido, dicen, "a pesar de su situación de quiebra". 

LOS GANADEROS SALEN PERDIENDO

"Sentimos que esto es un recochineo a toda la sociedad gallega, la disposición de dinero público para unos trabajos que deberían ser por cuenta de las mercantiles titulares, y que además venden cómo algo que hacen con fondos propios sin recurrir a la financiación pública, siendo una mentira más", lamentan. Los principales perjudicados, alegan, son los ganaderos, pues "mientras se financia Cobre San Rafael, vemos como año tras año se les deniengan en muchas ocasiones sus solicitudes a las personas jóvenes que quieren iniciar la actividad agraria o mejorar su proyecto mediante un plan de mejora". 

"En el año 2024 se denegaron el 70% de los expedientes de planes de mejora, muchos de ellos presentados por jóvenes y chicos que se incorporaban e iniciaban la actividad. En el año 2025, de nuevo, resultaron insuficientes los presupuestos, por lo que no se convocaron las ayudas para pequeña granja ni para personas mayores de 41 años", detallan en su comunicado, mientras los medioambientalistas siguen pendientes del dictamen final de la Xunta, que todavía no ha dado a conocer los resultados de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por los promotores de la mina, un documento que provocó que, en 2020, se le diera carpetazo a la iniciativa al no cumplir con los requisitos medioambientales.