Temor al colapso en Correos ante las peticiones de regularización en Galicia

La cifra real en Galicia sigue sin estar clara. Según distintas estimaciones de organizaciones del tercer sector, el número de personas en Galicia que podrían acogerse a la regularización ronda las 8.000, aunque otras fuentes elevan esa horquilla hasta las 20.000. Lo que sí es seguro es que el Real Decreto habilita un procedimiento específico para que quienes se encuentran en situación irregular o son solicitantes de protección internacional puedan obtener una autorización de residencia y trabajo válida inicialmente por un año. El plazo para presentar solicitudes está abierto desde el jueves 16 de abril y se cierra el 30 de junio.

La vía telemática ya está operativa, pero la tramitación presencial arranca este lunes, y es precisamente aquí donde se concentran los mayores temores. Las oficinas de Correos habilitadas para recibir solicitudes en Galicia se ubican en A Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra, Lugo y Ourense, con un total de diez puntos de atención repartidos entre estas ciudades. Los turnos están fijados en veinte minutos por persona, ya que los trabajadores actúan como simples tramitadores, sin capacidad para resolver dudas de fondo.

Los sindicatos CSIF y CIG, consultados al respecto, coinciden en señalar que la formación recibida por los empleados de Correos ha sido, en sus propias palabras, "express" e "imprecisa". Califican el proceso formativo como llevado a cabo "tarde, mal y a rastras". Pontevedra, especialmente Vigo, y A Coruña son señaladas como los puntos con mayor presión prevista, con plantillas ya mermadas y sin cobertura de bajas ni vacaciones. Alberto Hortas, responsable de CSIF para Correos, avisa de que la carga los primeros días puede ser "una brutalidad".

MALESTAR TAMBIÉN EN SEGURIDAD SOCIAL

A este escenario se suma el descontento de los trabajadores de las oficinas de Seguridad Social, que serán quienes reciban físicamente las solicitudes pese a no contar, según los propios sindicatos, con formación específica ni experiencia en materia de extranjería. El Gobierno anunció la incorporación de unos 550 profesionales adicionales para reforzar 450 oficinas, pero la medida no ha apaciguado las críticas. Casi de forma simultánea, CCOO convocó una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del martes 21 de abril. El sindicato reclama que sea el personal especializado en extranjería quien lleve a cabo las tramitaciones y que los refuerzos sean estructurales, no coyunturales.

Las organizaciones que trabajan directamente con población migrante en Galicia señalan otro flanco problemático: la documentación exigida. El Foro Galego da Inmigración advierte de los riesgos de que particulares o entidades privadas cobren por tramitaciones que, en su opinión, son técnicamente sencillas. Por su parte, Daniel Bóveda, responsable de la ONG Accem en Galicia, pone el acento en las dificultades que encontrarán los solicitantes en zonas rurales y en aquellos con escasa alfabetización digital. Ambas organizaciones coinciden en reclamar más recursos de acompañamiento.

Otro punto de fricción son los certificados de antecedentes penales del país de origen. El Foro Galego da Inmigración advierte de que su obtención depende de cada Estado y puede resultar muy difícil en la práctica. A esto se suma la inclusión, en el último momento, de un informe de vulnerabilidad expedido por servicios sociales municipales o entidades inscritas en un registro de colaboradores de extranjería, puesto en marcha en marzo. En Galicia, según las mismas fuentes, ese registro cuenta con muy pocas entidades.

LA XUNTA ESTUDIA RECURRIR

Pese a todas estas dificultades operativas, las asociaciones del tercer sector coinciden en reivindicar la medida como necesaria y justa. Para Accem, se trata de una herramienta de cohesión social que pone fin a desigualdades y que, además, puede aportar trabajadores a sectores del mercado laboral gallego con déficit de mano de obra. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha defendido la "triple legitimidad" del proceso: social, política y económica, y ha recordado que cuenta con el respaldo de 900 asociaciones y de la Iglesia.

Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la regularización de "inhumana, insegura e insostenible". Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP —Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares— han anunciado que la recurrirán ante los tribunales. En el caso de Galicia, la Xunta está examinando si las alegaciones presentadas durante el periodo de consultas fueron incorporadas al texto final. El conselleiro de Emprego, José González, ha confirmado que los servicios jurídicos están valorando la posibilidad de impugnar la norma, a la que el Gobierno gallego reprocha haber sido tramitada al margen de las comunidades autónomas y fuera de la vía parlamentaria.