Un matrimonio acepta 2 años de cárcel y 674.000 euros de multa por estafa a Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Ourense

La estafa asciende a medio millón de euros
La Audiencia Provincial de Ourense ha acogido el juicio contra un matrimonio que, "puesto de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto", estaba acusado de un delito de falsificación de documento oficial y un delito de estafa continuada, que afectó a Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Ourense.

La pareja ha llegado a un acuerdo de conformidad por el que ha aceptado dos años de prisión y el pago de una indemnización de 674.000 euros.

El hombre tenía una academia y se encargaba de la organización de varios cursos de formación para los que solicitaba subvenciones; mientras que la mujer, trabajadora de la Xunta de Galicia, ocupaba un puesto de "responsabilidad", que usaba para compulsar los documentos de los supuestos cursos con los que obtuvieron más de 500.000 euros en subvenciones.

Los hechos que se juzgaban en la Audiencia Provincial se sitúan entre los años 2005 y 2012 cuando ambos implicados, casados, y según recoge el escrito de acusación, "puestos de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto", acordaron la organización de los cursos de formación para obtener subvenciones de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ourense y la Diputación Provincial.

Para ello el acusado empleaba su propio nombre o el de algunas entidades y procedía a solicitar subvenciones aportando para ello fotocopias de facturas no reales, fotocopias de justificaciones fraudulentas de pagos no realizados a docentes o colaboradores, fotocopias de recibos de transferencias bancarias que no se corresponden con movimientos reales e incluso contrataciones fraudulentas de alumnos tras finalizar los cursos, los cuales, según ha quedado probado con la conformidad, no tenían "conocimiento de figurar en los cursos ni después como contratados", de hecho, según recoge el escrito fiscal, no acudían a trabajar al centro sino que únicamente firmaban los contratos y las nóminas para que los acusados aportasen las justificaciones.

Para dar veracidad a toda la documentación fraudulenta que aportó el acusado a los expedientes, mediante los cuales consiguió la subvenciones por un total de 506.113,60 euros, estando las instituciones convencidas de que dicha documentación se correspondía con la realidad, la acusada empleó su puesto de trabajo de responsabilidad en el edificio administrativo de la propia Xunta .

Allí se ocupaba de la compulsa de documentos en el departamento de tramitaciones pero para subvenciones a empresas por diferentes contrataciones de personal, y no por cuestiones vinculadas a la formación.

Sin embargo, empleó su propio sello en la compulsa de la documentación de los cursos, una documentación que una vez compulsada e incorporada al expediente pasaba a ser "totalmente válida y auténtica todos los efectos legales" por lo que "obtenían el propósito ilícito".

MEDIO MILLÓN DE EUROS DEFRAUDADO
La cuantía defraudada fue de 463.413,60 euros a la Xunta de Galicia, 34.000 euros a la Diputación de Ourense y 8.700 euros al Ayuntamiento de Ourense.

Por todo ello, la Fiscalía solicitaba para cada uno de los acusados dos años de prisión y una multa de seis meses a cuota diaria de tres euros, considerando al matrimonio responsable de un delito de falsificación de documento oficial continuado y un delito de estafa continuado, a él como autor directo y a ella como cooperadora necesaria.

Ambos se han conformado con la condena, que en principio no tendrá efecto.
La sentencia incluye el pago de una indemnización de 674.000 euros por los delitos más los intereses legales.