Galicia y otras CCAA piden a Bustinduy negociar con la UE una prórroga de seis meses para asentar las tarjetas monedero

Comunidades autónomas han pedido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que negocie con la Unión Europea (UE) una prórroga de seis meses para asentar el sistema. Además, reclaman un protocolo común en las tarjetas monedero.

Así lo han puesto de manifiesto las comunidades autónomas tras la celebración del Consejo Territorial Extraordinario que ha tenido lugar este viernes de forma telemática. En concreto, la reunión se ha realizado para evaluar la implementación del nuevo sistema de tarjetas monedero por parte de las comunidades autónomas, después de que el Gobierno pusiera en marcha este modelo el pasado mes de abril en colaboración con Cruz Roja España.

En este sentido, la directora general de Inclusión Social y Voluntariado de Aragón, María Charte, ha solicitado a Bustinduy un protocolo común y mayor financiación para sostener el programa. Además, al igual que comunidades como Castilla-La Mancha o Murcia ha reclamado una prórroga de seis meses para asentar este sistema de ayuda alimentaria.

En la misma línea se ha mostrado la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que han pedido que el ministerio continúe asumiendo en 2025 su modelo transitorio de tarjetas monedero y que solicite una prórroga a la Unión Europea "hasta que se corrijan los agujeros que presenta".

En concreto, la conselleira gallega, ante las "todavía muchas incertezas existentes" a la hora de implantarlo, ha pedido al Ministerio que consulte con la Unión Europea (UE) la posibilidad de una prórroga para que, durante el primer semestre del año 2025, la gestión siga a cargo del Gobierno central.

Igualmente, por parte de Cantabria, el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad No Deseada, Eduardo Rubalcaba, ha pedido a Bustinduy un documento que contuviera las aclaraciones a las dudas y a los problemas que las diversas comunidades autónomas han planteando recientemente sobre la aplicación del programa.

Por su parte, Andalucía ha reclamado al Gobierno que negocie ante la UE las condiciones de acceso a la tarjeta monedero con el objetivo de "no dejar sin alimentos básicos a 280.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad", según ha explicado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

La consejera andaluza ha lamentado que "el escenario no ha cambiado", pese a la propuesta de la mayoría de las comunidades autónomas de que se renegocie las condiciones de este programa con Europa.

Finalmente, la consejera extremeña de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha criticado que Bustinduy haya rechazado su propuesta de establecer un presupuesto extraordinario para los Bancos de Alimentos en la región.

DERECHOS SOCIALES PIDE A LAS CCAA QUE ACELEREN LA IMPLEMENTACIÓN
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado este viernes a las comunidades autónomas a que aceleren la implementación de las tarjetas monedero en sus respectivos territorios, para complementar los servicios de asistencia alimentaria que ya están operativos y que permiten, en su conjunto, alcanzar a todas las personas que necesitan estos servicios.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy también ha anunciado tras la reunión que trasladará la semana que viene a las comunidades autónomas una guía orientativa que permita reforzar la implementación de este nuevo sistema.

Las tarjetas monedero son un nuevo modelo de ayuda para familias en situación de extrema vulnerabilidad, que cobran menos del 40% de la mediana estatal tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes a cargo. Con la implantación de las mismas, se cumple con el objetivo prioritario de luchar contra la pobreza infantil, objetivo que fijó la Comisión Europea con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que financia el programa de las tarjetas monedero. Bajo estos criterios, se estima que unas 70.000 familias van a recibir estas tarjetas. Para facilitar la transición hacia este nuevo modelo, el Gobierno de España puso en marcha el sistema este año, de manera transitoria y extraordinaria hasta enero de 2025.

En el Consejo ha participado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la directora General de Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, y representantes de todas las Comunidades Autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.