Petición de tres años de cárcel para un vecino de A Coruña acusado de tenencia de pornografía infantil

El acusado tenía estos archivos almacenados y "perfectamente ordenados" en diversos discos duros y carpetas


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Archivo - Exterior de la Audiencia Provincial de A Coruña
Archivo - Exterior de la Audiencia Provincial de A Coruña

Fiscalía pide tres años de cárcel por tenencia y distribución para un vecino de A Coruña al que se le incautaron más de 100 GB de pornografía infantil. La vista tuvo que ser suspendida en febrero por ausencia del abogado defensor y está fijada de nuevo en la Audiencia de A Coruña para este martes, día 28.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, al investigado, de 39 años, se le intervinieron en su domicilio de A Coruña unos 11.031 archivos de imagen y vídeo (el equivalente a unos 102 GB) de pornografía infantil.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ávila autorizó el 8 de marzo de 2022 una diligencia de entrada y registro en el hogar del acusado, donde se incautaron los ficheros en los que aparecían menores de edad en contextos de índole sexual.

El acusado tenía estos archivos almacenados y "perfectamente ordenados" en diversos discos duros y carpetas. En uno de ellos se encontró también instalado el programa Transmission 2.94, que supuestamente utilizaba el investigado para hacerse con pornografía y distribuirla.

En algunos de estos archivos compartidos aparecen, entre otros, "niñas de corta edad con hombres abusando de ellas" y "menores practicando sexo, vídeos de webcams con menores desnudas o desnudándose ante la cámara".

Así las cosas, la Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de acceso/posesión de pornografía infantil en concurso con un delito de distribución/ofrecimiento/facilitación de distribución de pornografía infantil.

Por ello, solicita tres años de prisión para el acusado con inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 10 años. También piden cuatro años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. 

 

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