USCA pide al Ministerio de Transportes que asuma el control aéreo en torres gestionadas por Saerco

Opera actualmente en las torres de control de aeropuertos como Sevilla, Jerez, Vigo, A Coruña, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha instado este lunes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a suspender cautelarmente la certificación de Saerco como proveedor de servicios de tránsito aéreo y a encomendar de forma provisional la gestión de estas operaciones a Enaire, la entidad pública que controla la mayoría del espacio aéreo en España.

La petición se produce tras una sentencia de la Audiencia Nacional (96/2025, de 30 de junio) en la que Saerco reconoció su incapacidad para cumplir con las condiciones laborales establecidas en el Laudo Arbitral obligatorio, al considerar que su aplicación podría llevar a la empresa a la quiebra.

USCA, sindicato mayoritario entre los controladores aéreos, argumenta que esta situación compromete tanto los derechos laborales del personal como la sostenibilidad del servicio, lo que, a su juicio, puede afectar a la seguridad operacional.

"El proveedor está vulnerando uno de los pilares básicos que sustentan su autorización como operador certificado: la viabilidad económica y la prestación continuada del servicio", señala la organización en un comunicado.

Saerco opera actualmente en las torres de control de aeropuertos como Sevilla, Jerez, Vigo, A Coruña, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. USCA advierte de que la situación es "especialmente delicada" en Canarias, donde el transporte aéreo es esencial para la conectividad ciudadana, más allá del turismo.

Según la Ley 9/2010, la prestación de servicios de tránsito aéreo debe ser segura, eficaz y económicamente sostenible. USCA sostiene que la suspensión cautelar de la certificación de Saerco y el traspaso temporal del servicio a Enaire es "la única medida proporcional y jurídicamente viable" ante el escenario actual.

La organización reclama una intervención urgente por parte del Ministerio para garantizar la continuidad del servicio y evitar "mayores perjuicios al interés público y al sistema de navegación aérea".