Rafael Louzán Abal presentó hoy recurso contra su condena en el Juzgado Número 3 de Pontevedra, según confirmaron fuentes oficiales de la Administración de Justicia a Galiciapress. 


 

La delegada territorial de la Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro, y el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, sentados en el banquillo de los acusados  /EP



Esta acción permite, en teoría, a Louzán seguir al frente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF). Los estatutos de la Federación reclaman "no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos" para ser directivo.


La justicia condenó al mandatario, precisamente, a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, además de dos años de cárcel, por los delitos de prevaricación y fraude. 


Con todo, al recurrirla en plazo, la sentencia no es firme,  argumento que puede enarbolar Louzán para conservar la presidencia del fútbol gallego. 


Por otra parte, nadie del mundo del deporte se ha atrevido  a exigirle cuentas, mucho menos realizar algún movimiento para apartarlo del mando. De hecho, la Federación Española de Fútbol, el Comité Superior de Deportes y la Xunta han optado por mirar para otro lado; a la espera de que se resuelva el frente judicial. 


Una resolución que a nadie se le escapa puede durar años, lustros incluso.  Mientras tanto, la RFGF, que vive sobre todo de dinero público, 400.000 euros/año solo de la Xunta, puede seguir goberanada por un presidente condenado por fraude y prevaricación. El PSdeG, y también Podemos, han pedido el cese del que fuera líder del PP de Pontevedra.


Así las cosas, Louzán tiene vía libre para intentar repetir en el cargo en la Asamblea prevista para 2022.  Su condena ya va camino a la Audiencia Provincial de Pontevedra para su resolución. Fuentes oficiales del TSXG indican que "hay partes que no recurrieron, pero aún están en plazo".


Además de Louzán, funcionarios de la Deputación de Pontevedra que presidía el político conservador, tres empresarios de la construcción y un arquitecto, la Justicia condenó también a la delegada de la Xunta en Pontevedra. Luisa Piñeiro sí dimitió inmediatamente y compareció ante la prensa para dar explicaciones y defender su inocencia en la tramitación de los pagos por las obras del campo de fútbol de Moraña, municipio del que era alcaldesa entonces.


En su tramo final en la Deputación, Louzán construyó o reformó decenas de campos de fútbol, como el de Moraña, por cuyas obras fue condenado.  Esta fiebre constructora con dinero público le ayudó a ganar el favor de los clubs y, posteriormente, las elecciones al ente deportivo.







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