Louzán, condenado por prevaricar, maneja 400.000€ públicos y Xunta, CSD y RFEF se hacen el sueco

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) está presidida, en estos momentos, por un hombre condenado a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación: el histórico dirigente 'popular' Rafael Louzán, que sigue defendiendo su inocencia. 

Galiciapress ha consultado a distintos organismos para saber quién es el responsable último de la continuidad o cese de Louzán. La conclusión es que todos los organismos interpelados, y competentes en la materia, parecen lavarse la manos. 

Pese a las presiones de algunas fuerzas políticas como PSdeG o Podemos, ni la Xunta de Galicia, ni el Consejo Superior de Deportes (CSD), ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han dado pasos cara una salida de Louzán y se agarran a la idea de que la sentencia, que le hace incumplir los propios estatutos de la RFGF, todavía no es firme. 

Rafael Louzán, presidente de la RFGF | Foto: EP

Ha pasado más de un mes desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiese una sentencia sobre parte de la 'Operación Patos': dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para Luisa Piñeiro, por entonces delegada de la Xunta en Pontevedra y exalcaldesa de Moraña, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol y expresidente de la Diputación de Pontevedra, por delitos de prevaricación y fraude.

Tras conocerse el auto, Piñeiro anunció su dimisión sin esperar a que la sentencia fuese firme y tras anunciar que recurrirá la misma para defender su “honorabilidad”. 

Louzán, uno de los pesos pesados en el Partido Popular gallego después de sus más de dos lustros al frente del organismo provincial, sigue al frente de la Federación, una entidad que cuenta con un presupuesto que ronda los 5 millones de euros, dinero que entra en gran medida desde entidad públicas y dirigido al fútbol del país, y en donde Louzán puede, según las normas de la Federación, "asignar las subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de la federación y controlar que sus asociados les den una correcta aplicación" .

Cómo de fútbol va la cosa, se podría decir que el balón está en el tejado de la Xunta de Galicia. Y del Consejo Superior de Deportes. Y de la Real Federación Española de Fútbol. Pero ninguna de estas entidades se responsabiliza del presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, que sigue aferrándose a su puesto a pesar de que incumple los estatutos de la propia entidad que preside y que, pese a no ser parte del sector público sensu stricto, va de la mano de las administraciones públicas.

FIEBRE CONSTRUCTORA DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LA DEPUTACIÓN

La jueza consideró probado que tanto Louzán como Piñeiro cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña, uno de los muchos campos que construyó el político conservador en sus últimos años al frente de la Diputación -cerca de 70 con una inversión superior a los 35 millones de euros-, algo con lo que se ganó el favor de algunos clubes y que a la postre le ayudó a ganar las elecciones a presidir la RFGF.

TODOS SE LAVAN LAS MANOS

Pero, sabiendo esto, ¿cómo es posible que ni la Xunta, ni la RFEF ni el CSD tomen cartas en el asunto para apartar a Louzán? Como la sentencia todavía no es firme y Louzán, ya sin la vitola de "popular", anunció su intención de recurrirla -un proceso que podría eternizar este caso que ya data de 2013-, ninguna de las organizaciones quiere mojarse hasta que el fallo sea definitivo, lo que a su vez obligaría a Louzán a abandonar, sí o sí, la Federación, ya que la condena le hace incumplir los estatutos del ente:

Louzán, además, goza del apoyo de los miembros de la Xunta Directiva que preside desde diciembre de 2014. Nada más conocerse la sentencia, la Xunta Directiva emitió un comunicado dando su apoyo total a su presidente por una sentencia que, recalcan, trata asuntos de su etapa en la Diputación. 

“De manera unánime, queremos mostrar nuestro apoyo público y total al presidente de la RFGF por la gestión realizada durante estos años y que continúa llevando a cabo al frente del ente federativo. Se trata de un expediente iniciado en el año 2011 y por lo tanto ajeno a la gestión federativa”, insisten.

Del mismo modo, la Asamblea General, conformada por clubes, jugadores, entrenadores o arbitros, podría incluso impulsar el cese de Louzán, algo que parece bastante improbable. Los estatutos de la RFGF recogen que, si la propuesta la formula un tercio de los miembros de la asamblea, que también deben proponer un candidato alternativo en una Asamblea General Extraordinaria motivada por ese voto de censura, todavía necesita el voto favorable de dos tercios de los miembros.

Por el largo recorrido de Louzán  y porque la crisis del coronavirus ha sacudido también el mundo del fútbol, con una especial afectación a los clubes menores que ahora se ven obligados a atender otro tipo de necesidades para garantizar su subsistencia, parece improbable que esto pudiese llegar no solo a prosperar, sino incluso a plantearse.

La última elección que ganó Louzán data de 2018, cuando superó el proceso electoral sin competidores. Si agota su mandato, las próximas elecciones serían el año que viene, por lo que al menos, y siempre que la justicia no diga lo contrario en ese periodo, la Federación Galega de Fútbol estaría presidida durante cerca de dos años por un hombre condenado por prevaricación.

PSDEG Y PODEMOS PIDEN SU CESE; XUNTA Y CSD SE DESENTIENDEN

En el PSdeG se dirigieron al secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, instandole a "impulsar" la dimisión de Louzán, al considerar "inexplicable" su continuidad y censurando el "silencio" de Lete Lasa y el resto del Gobierno de Galicia, algo que para el entender de los socialistas"confirma los vínculos entre el PP y el todavía máximo responsable del fútbol gallego”.

El PSOE gallego dice no comprender como Louzán “sigue manejando dinero público desde su cargo” y que se manche así “el nombre de una institución centenaria”. Las cuentas de los socialistas señalan que la RFGF recibió 400.000 euros mediante subvenciones y contratos públicos. Esto se traduce en 255.133 euros de la Secretaría Xeral para o Deporte, o que en 2019 se le otorgaron casi 52.000 euros para la adquisición de equipación y patrocinios, a los que hay que sumar los más de 60.000 euros de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) para la cesión de derechos audiovisuales.

Pese a las presiones, y consultado sobre si Louzán debería dimitir como presidente de la Federación Galega de Fútbol, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ante los medios que no le correspondía a él, sino a la RFEF, "tomar las decisiones que considere oportunas".

Feijóo: "Es un órgano que elige a sus miembros, a su junta directiva y a su presidente, y por tanto le corresponde a este órgano tomar la decisión que considere oportuno. No puede ser otro órgano, que el propio órgano soberano que elige al presidente y a los miembros de la Junta Directiva".

La Xunta aduce, por tanto, no tener competencias como para intervenir en asuntos de la Federación Galega, pero lo cierto es que cuenta con herramientas jurídicas más que suficientes como para actuar sobre los organismos directivos de las federaciones a través del Comité Galego de Xustiza Deportiva, una potestad disciplinaria que le concede el artículo 87.5 de la Lei Galega do Deporte.

Desde la Secretaría Xeral para o Deporte han evitado pronunciarse ante las cuestiones de Galiciapress, pero el Comité Galego de Xustiza Deportiva, a través de su presidenta, María Dolores Rodríguez, sí ha reconocido que “el CGXD sería el órgano competente para conocer si un presidente de una federación deportiva gallega ha dejado de cumplir los requisitos legalmente exigidos para continuar desempeñando ese cargo”.

“El eventual cese de un presidente por haber dejado de reunir los requisitos exigidos no es un acuerdo que se pueda adoptar de oficio, sino que debe de examinarse en un procedimiento administrativo previa reclamación o denuncia ante el CGXD”, señala Rodríguez, a la vez que esgrime que, al ser así, “la Secretaría Xeral para o Deporte no tiene competencias para acordarlo directamente, ni tampoco el CGXD”.

Pero, entonces, ¿quién puede iniciar ese procedimiento administrativo? ¿Podría ser una administración pública la que realizase ese requerimiento o la Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo? ¿Y los clubes de fútbol que integran la RFGF podrían tener algo que decir en ese sentido?

“La legitimación para presentar denuncias y recursos ante el CGXD, es igualmente una cuestión jurídica que junto con la competencia se examina antes de admitir a trámite cada escrito, estudiando cada caso concreto y analizando muchas cuestiones jurídicas y de hecho, así que no puedo contestarle de forma genérica ya que dependerá de los casos”, concluye Rodríguez.

Del mismo modo, desde el CGXD evitan pronunciarse sobre la sentencia que afecta a Louzán, más allá de que se trata de “una sentencia de ámbito penal, que por lo que sé no es firme en este momento y que es ajena al ámbito deportivo”. “El tema de la inhabilitación y sus efectos sobre si impide o no la continuidad en el cargo de presidente es una cuestión jurídica compleja que, de ser el caso, sería examinada por el CGXD como órgano jurisdiccional competente, por lo que no es procedente dar una opinión en este momento sobre la misma”, incide.

Así como los socialistas miraron a San Caetano, desde Podemos Galicia tiraron sus flechas a María Irene Lozano Domingo, presidenta del Consejo Superior de Deportes. El parlamentario Antón Gómez-Reino calificó de “inaceptable” la continuidad de Louzán, "con el beneplácito del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete". Con todo, el escrito de la formación morada iba dirigido a Lozano, para que se tomen las medidas oportunidas a través de los organismos capacitados para ellos, como es el CGXD.

Pero desde el Consejo Superior de Deportes dicen “no tener mucho que decir” sobre el caso. “Quien debería prunciarse respecto a los problemas en una federación autonómica es la RFEF, puesto que el CSD poco tiene que aportar en el asunto”, manifiestan para este medio.

Louzán, en el juicio | Foto: EP

Con todo, el CSD es el organismo con las competencias de control sobre los fondos que manejan la Federación española y las federaciones autonómicas y conocer así a donde van dirigidos los mismos, ya que mayoritariamente se nutren de dinero de carácter público. A renglón seguido, en el CSD recuerdan, como el resto de instituciones, que es una sentencia “recurrible”, “por lo que la prudencia manda en este asunto”.

RUBIALES EN UNA ENCRUCIJADA

“La RFGF depende en materia de competición y disciplinaria, a nivel estatal e internacional, de la RFEF y de los órganos competentes de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) y de la Federación Internación de Fútbol Asociación (FIFA). La RFGF está integrada en la RFEF, y ostenta la representación oficial de la modalidad de fútbol y de sus distintas disciplinas y especialidades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia”, recogen los estatutos.

Al final, y bajo el pretexto de que “se trata de una federación autonómica", todas las miradas acaban centrándose en la RFEF, la organización de la que Louzán es vocal en la Junta Directiva y que debería dar un paso al frente para provocar la caída de las demás fichas de dominó.

Este medio ha intentado ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con los departamentos competentes de la RFEF para conocer de primera mano la postura del organismo presidido por Luis Rubiales, que anualmente dota de 1, 5 millones de euros a las arcas de la entidad presidida por Louzán, que incluso sopesó enfrentarse a Rubiales por la presidencia de la RFEF en 2018, cuando cayó el villarismo, etapa en la que Louzán presumió de ser espada contra Ángel María Villar.

Sin embargo, tanto desde el gabinete de comunicación como desde presidencia se han pasado la bola, en todos los casos alegando no tener autoridad para emitir un juicio al respecto. De igual manera, los distintos emails trasladando las consultas de este diario, no han recibido por ahora ningún tipo de respuesta desde Las Rozas. Lo que sí, en estos momentos la RFEF estaría incumpliendo su propio código ético, en el artículo 26 de 'Cohecho y corrupción':

Por lo tanto, si bien los hechos juzgados ocrruieron antes de la llegada de Louzán a la Federación, este está sujeto a este código ético, que vulnera con su continuidad en la RFGF. Lo que sí ha trascendido es que, si bien a Rubiales no le temblaría el pulso con Louzán, el presidente de la RFEF teme que ese movimiento pudiese traerle problemas con otros presidentes de federaciones afines a su figura y que tal vez se encuentren sumidos en procesos similares a los del gallego, por lo que guarda cautela y espera a que los acontecimientos se sucedan por sí solos.