Rafael Louzán y la actual delegada de la Xunta en Pontevedra, condenados a 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días

El expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y la exalcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, han sido condenados a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza considera probado que cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña. Por estos hechos, los acusados fueron juzgados el pasado mes de noviembre de 2020.

En concreto, en una sentencia con fecha de este viernes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a dos años de cárcel al que fuera presidente de la Diputación con el PP --formación de la que pidió la baja en 2016-- por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en este campo de fútbol "que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad".

Louzán, que fue considerado culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años.

Asimismo, la magistrada ha condenado a otros dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, y al entonces director de Infraestructuras de la institución provincial.

A la misma pena de prisión --dos años-- ha sido sentenciado el administrador y un empleado público de la adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó, quien también ha sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.

La magistrada, además, dictamina un año de prisión y a dos de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad, sabiendo que se trataba de "un mero trámite" para adjudicar la obra a una determinada empresa.

INSTALACIÓN DE HIERBA ARTIFICIAL
La jueza considera probado que la constructora, a la que la Diputación adjudicara en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 debido a una certificación.

Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía exceder el importe subvencionado por lo que, según la sentencia, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendiente a abonar a la empresa el importe que reclamaba".

La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, en 2013, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe, concretamente, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo, pese a que parte de ellas ya habían sido realizadas.

Así, una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, la jueza señala que "se buscaron alternativas para pagar esa certificación creándose el proyecto de mejora en vestuarios y gradas del campo de fútbol".

"Tal conclusión se alcanza de la audición de escuchas practicada en el plenario y la documentación obrante en autos", destaca la magistrada, a la vez que señala que el entonces presidente de la Diputación "sabía de primer mano, por visitar el campo con motivo del anterior proyecto también subvencionado por la Diputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas".

Esa conducta, conforme apunta la jueza, "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho".

En cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, explica en la sentencia que la alcaldesa de Moraña pidió la ayuda a la Diputación "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas" y el arquitecto "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones".

Por su parte, sobre el director de infraestructuras de la Diputación, la jueza sostiene que "buscó el encaje de la operación, indicando mismo a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir". Y, finalmente, el administrador de la empresa adjudicataria intervino como "beneficiario de la subvención", así como uno de sus empleados, que fue quien ejecutó o mandó ejecutar las actividades necesarias para culminar el proyecto".

La magistrada ordena en la resolución el comiso de la cantidad cobrada por la empresa con motivo del proyecto de mejora de las gradas y vestuarios del campo de fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en el plazo de diez días.

PIEZA A RAÍZ DE LA OPERACIÓN PATOS
La investigación sobre este asunto fue uno de los múltiples frentes abiertos a raíz de la Operación Patos, de los que solo llegaron a juicio, además de este asunto relativo a las obras del campo de fútbol de Moraña, tres piezas: una relativa a obras en Nigrán, que se saldó con un acuerdo de conformidad; otra por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo (en la que tanto el gerente de Eiriña como los otros acusados fueron absueltos); y el caso de supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, cuyo juicio ha sido suspendido y aplazado hasta mediados de diciembre.