Juzgados y registros gallegos cumplirán un mes paralizados con una nueva reunión de Xunta y sindicatos a la vista

Sindicatos de justicia mantienen el seguimiento en más del 80%, mientras la Xunta lo rebaja al 37,15%

Juzgados y registros gallegos cumplirán este miércoles, 7 de marzo, un mes paralizados a causa de la primera huelga indefinida de los funcionarios de la administración de justicia en la comunidad.

Lo hará con la vista puesta en la nueva reunión que mantendrán Xunta y comité de huelga, en el que están representados los siete sindicatos del sector, con la expectativa de que pueda desatascarse un conflicto que ha suspendido miles de juicios y procedimientos jurídicos.

El vicepresidente, Alfonso Rueda, adelantó que la Xunta convocará este miércoles de nuevo a los sindicatos con el objetivo de volver a negociar sobre todos los puntos objeto de controversia.

Previamente, la semana pasada, él mismo se había ofrecido a sentarse si los sindicatos suspendían el paro. A la espera de la convocatoria y de que se concrete fecha para el encuentro, los sindicatos han manifestado su intención de acudir.

En todo caso, han subrayado que esperan que no encabece la delegación de la Xunta el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, y han ratificado que no suspenden la huelga, además de acordar un calendario de movilizaciones para el mes de marzo.

Entre tanto, los sindicatos subrayan que el seguimiento se mantiene en un porcentaje superior al 80 por ciento, mientras que la Xunta lo rebaja en esta jornada al 37,15 por ciento.

PROPUESTAS HASTA AHORA SOBRE LA MESA
Hasta ahora, con las propuestas que había sobre la mesa, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.

En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, la Administración se ha comprometido a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".

Sobre la oferta económica, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo --auxilios, tramitadores o gestores--) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.

Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría aceptar es "inasumible" para las arcas públicas.

Los sindicatos se remiten a una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, que apela a situar al colectivo "de la mitad para arriba" en la tabla salarial de las comunidades con la competencia transferida, y reclaman que "se cumpla el mandato parlamentario