Informe preliminar de la ONU critica la discriminación del gallego en la Justicia

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Informe preliminar del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala el "obstáculo importante" que supone la Ley del Poder Judical para la igualdad de las lenguas cooficiales


La Mesa pola Normalización Lingüística ha trasladado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos las "vulneraciones" de los "derechos lingüísticos de los gallegos" en la educación, justicia, administración o consumo, "promovidos" o "consentidos" por el Estado y la Xunta.



Mesa onu dereitos linguisticos


Fernand de Varennes, relator especial para las minorías de la Oficina del Alto Comisionado, se ha desplazado a Galicia, en donde se ha reunido con los representantes de la Mesa, en lo que constituye la primera visita de un representante de la ONU a la comunidad para abordar la situación del gallego.


Desde la Mesa se considera la visita un éxito de la movilización social a favor del idioma pero una muestra del "déficit democrático" en España, en palabras del presidente de la organización, Marcos Maceira, porque "es más fácil hablar de la situación del gallego con un representante de la ONU que con el presidente de la Xunta".


En el informe preliminar publicado en la web de las Naciones Unidas, según resalta la Mesa, De Varennes recoge, explícitamente, que "disposiciones como el Artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder judicial son un obstáculo importante para el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales" en cuanto a la cooficialidad de las lenguas minoritarias.


Este artículo estipula que en los procedimientos judiciales se utilizará el castellano y que las lenguas minoritarias tan solo se permitirán si ninguna de las partes se opone. En la práctica, se trata de una medida que supone "un obstáculo general para el uso de un idioma oficial minoritario", afirma De Varennes.


Es más, en su informe preliminar concluye que "las minorías lingüísticas tienen derecho a usar su idioma en sus interacciones con las autoridades e instituciones estatales", algo que "sigue sin cumplirse en algunas regiones", según cita la Mesa.

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