Las conclusiones de la comisión de investigación, en el aire ante la eventual convocatoria de elecciones

El sindicato de maquinistas exige dimitir a Blanco y le advierte de que sin asumir responsabilidades no se podrá ir a una cultura de seguridad

La elaboración de las conclusiones de la comisión del Congreso que investiga el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) dependerá de los plazos que marque una eventual convocatoria de elecciones generales.

En cualquier caso, este miércoles, el pleno ha ratificado la prórroga hasta mayo acordada recientemente por los miembros de la Mesa y los portavoces del órgano que preside el diputado del PDeCAT Feliú Guillaumes.

Con esta nueva prórroga, en principio la comisión contará con tres meses para continuar sus trabajos, con la previsión de tener aprobadas sus conclusiones a mediados de mayo. Todavía tiene que recibir a las víctimas, a las que ofreció una intervención a puerta cerrada tras pedir ellas una última intervención en abierto.

El organismo acerca del siniestro que se cobró 80 vidas y dejó a 144 personas heridas en la curva de A Grandeira, en la capital gallega, echó a andar el pasado 10 de julio, casi cinco años después de la tragedia y tras estar meses varada ante la incapacidad de los grupos de ponerse de acuerdo sobre quién debía presidirla.

El pasado lunes, los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor protagonizaron las últimas comparecencias, en las que el primero negó prisas para inaugurar la línea y ambos ciñeron al ámbito técnico cualquier medida que pudiese haber supuesto una merma de la seguridad en la misma.

EL REGLAMENTO
El reglamento del Congreso establece que las comisiones no permanentes, las que se crean para un trabajo concreto, "se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura".

Un artículo muy similar recoge el reglamento del Parlamento gallego, que indica que estas comisiones "se extinguen al finalizar su objeto y, en todo caso, al concluir la legislatura".

En la comunidad gallega existe el precedente de la comisión de investigación de las cajas de ahorro gallegas, que, aún habiendo cambiado de legislatura, volvió a votarse, a constituirse y retomó los trabajos en el punto en el que se habían quedado con anterioridad.

EL SEMAF, "INDIGNADO"
Por otra parte, el sindicato de maquinistas Semaf ha emitido un comunicado de prensa este miércoles en el que califican de "hecho grave" el tono de la comparecencia de Blanco del lunes, por el que le exigen su "dimisión inmediata".

En caso contrario, piden su "cese de todos los cargos públicos que pueda ostentar", al entender que "no representa ni a los principios de un partido del que forma parte, ni mucho menos al conjunto de los ciudadanos".

"Con la negación de los hechos y la no asunción de responsabilidades no podremos avanzar hacia una cultura justa de seguridad, de la que participemos todos los actores que formamos parte y que la investigación de los mismos nos lleven a determinar las causas y, una vez conocidas, poner las barreras necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir", asevera la organización en la nota.

"Atónitos, perplejos e indignados", los miembros de Semaf acusan al exministro de "eludir la responsabilidad que asumió y que le llevó a tomar decisiones que supusieron sustentar exclusivamente, durante mucho tiempo, la seguridad ferroviaria en manos de los profesionales de la conducción, los maquinistas".

Con el mismo calificativo que le dedicó el propio lunes el abogado del conductor Francisco Garzón, le atribuyen un discurso hecho "de manera miserable, acusando a otra víctima del desgraciado accidente".

A su juicio, "la falta de medidas que eliminaran el riesgo existente, por haber incumplido todos los requisitos previos a la inauguración del trayecto (...) y las decisiones posteriores que añadieron más riesgo al ya existente, supusieron (...) poner en peligro la integridad física de ciudadanos y profesionales".

"Todas estas decisiones se llevaron a cabo por hacer una utilización interesada de la política y de la economía por parte de los partidos políticos, en vez de ponerlas al servicio de los ciudadanos y, en este caso, de la seguridad, aspecto esencial en el transporte y seña de identidad en el ferrocarril", asevera.