El fiscal García Ortiz asegura que "solo el 3% o el 4% de los incendios tienen intencionalidad de hacer mal"

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Lamenta que el caso de Marina Castaño sea "excesivamente largo" y reconoce que la gestión de residuos es "complicada" y "cara"

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este domingo que a partir de las estadísticas que maneja, la Fiscalía concluye que entre un 70% y un 80% de los incendios que suceden en Galicia son intencionados, pero "solo el 3% o el 4% de ellos tienen intención de hacer mal".

Así, según ha explicado García Ortiz en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, cabe distinguir entre aquellos incendios provocados con una intención dolosa, la que persigue hacer el mal, "que solo son el 3% o el 4% de los casos", frente a aquellas intencionalidades que pretenden quemar, pero cuyas consecuencias van más allá de esa acción.

El fiscal ha apuntado que desde el punto de vista penal la responsabilidad de una persona que inicia un incendio con intención dolosa "no es la misma" que la de alguien que planta un fuego como "un recurso o como un instrumento", aunque las consecuencias de las llamas "vayan más allá".

García Ortiz ha subrayado que cada vez existe una mayor concienciación contra los incendios. En este sentido, ha considerado que la ola de fuegos de 2017, "cuando las llamas se acercaron a las áreas urbanas", contribuyó a esa concienciación.

Así, ha recordado que la elaboración de planes antiincendios es una obligación legal de los ayuntamientos, por lo que ha destacado que "la inacción puede tener consecuencias penales".

MIRAMONTES
Acerca de la investigación de la Fiscalía sobre el vertedero de Miramontes, Garía Ortiz ha indicado que se trata de un espacio sensible porque está "a cuatro kilómetros de la catedral" y los malos olores agreden a los vecinos. Además, ha añadido que Fiscalía considera que la actividad que se desarrolla en Miramontes "podría tener contenido penal".

Sin embargo, ha reconocido que la gestión de los residuos que generan las personas es "complicada" porque, a su juicio, se trata de una materia "compleja".

"Hay que hacer que cualquier espacio en el que se depositen estén acondicionados con arreglo a la ley", ha destacado el fiscal, quien ha añadido que la sociedad debería concienciarse en que reciclar o tratar los residuos "es caro".

En cuanto a la mina de Touro, ha relatado que son "multitud de actividades" las que allí se desarrollan, algunas de ellas "potencialmente contaminantes", por lo que están siendo investigadas.

No obstante, ha afirmado que la futura ampliación para explotación minera "todavía no está sobre la mesa de la Fiscalía".

MARINA CASTAÑO
Como fiscal en el caso que ha sentado en el banquillo a la que fue mujer de Camilo José Cela, Marina Castaño, así como a otras tres personas acusadas de malversación de fondos públicos por la indemnización que la Fundación Cela pagó al exgerente de la entidad, García Ortiz ha apostillado que durante la vista oral se plasmaron dos tesis de los mismos hechos "que no se alejan tanto la una de la otra".

En este sentido, ha indicado que estas versiones "pueden tener una interpretación diferente". Además, ha lamentado que caso sea "excesivamente largo", ya que comenzó en 2012 y "eso nunca es bueno".

"Especialmente para los acusados, que tienen que soportar la carga procesal durante seis o siete años y que después de tanto tiempo son obligados a recordar hechos", ha indicado.

En otro orden de cosas, el fiscal delegado de Medio Ambiente ha celebrado que funcione la inspección en el ámbito de la justicia como demuestran tanto la sanción a la jueza Pilar de Lara como la investigación al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por abuso de poder. "No hay nadie intocable, por encima de la ley no hay nada", ha defendido, lo que es, a su juicio, "una máxima del estado de derecho".

Asimismo, como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, se ha posicionado a favor de un gobierno de "progreso" a partir del 28 de abril "como dice el nombre de nuestra asociación" para que lleve a cabo "las reformas que la justicia española necesita".

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