La jueza Pilar de Lara lista a llegar Tribunal Europeo de Derechos Humanos para salvar su plaza

El letrado defensor de la jueza sancionada informa que le quedan 20 días para presentar recurso ante el Supremo pero ya apunta que prolongará el caso todo lo que pueda. Sobre las medidas cautelares solicitadas para que pueda seguir en su juzgado mientras falla el Supremo asegura que no hay noticias.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, abre la posibilidad, en caso de no estimarse su recurso por el Tribunal Supremo a la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a acudir al Tribunal Constitucional e, incluso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El abogado de la jueza, Agustín Azparren, ha confirmado que de momento "sigue pendiente la petición de la medida cautelar de suspensión de la ejecución", en relación al castigo de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial, que implica pérdida de destino, por dilaciones "indebidas" y "desatención" en causas que lleva, como la 'Carioca' sobre redes de prostitución, o la 'Pokémon' sobre mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones públicas.

Azparren ha constatado que este martes por parte del Supremo "dieron traslado del expediente completo (del CGPJ) y ahora se abre un plazo de 20 días para hacer el recurso, para formalizarlo en cuanto al fondo del asunto, en cuanto a la discusión de las faltas disciplinarias".

"Mientras tanto estamos pendientes de recibir la notificación respecto a la medida cautelar (de suspensión de ejecución de la sanción)", ha puntualizado, para matizar que permitiría a la jueza seguir en su juzgado hasta que no resolviese el alto tribunal.

FONDO
En cuanto al fondo del recurso, para el que tienen 20 días, se planteará que "no es un caso de desatención, en el sentido que Pilar de Lara es una jueza muy trabajadora, con mucha dedicación y por lo tanto es todo lo contrario a la falta que se le imputa de desatención".

Otras premisas que se expondrán en el escrito pasan por "cuestionar la legitimidad del Consejo General del Poder Judicial, relacionado con lo que el grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa ha venido advirtiendo a España sobre que el sistema de elección deslegitima al consejo".

Finalmente, Agustín Azparren ha precisado que estos "argumentos" son "más de cara a que si el Tribunal Supremo no estima el recurso queda la vía del Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".