Un convenio entre Xunta y Fegamp permite notificar más de 1.000 denuncias por incumplir medidas sanitarias


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El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que 178 ayuntamientos se adhirieron al convenio firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para colaborar en la tramitación de sanciones por incumplimientos de las medidas de prevención para luchar contra la pandemia, lo que permitió que se hayan notificado más de un millar de sanciones a infractores.

Durante una comparecencia realizada en el Parlamento de Galicia en el pleno de este miércoles, Rueda ha precisado que de los 178 municipios adheridos al convenio, 57 corresponden a la provincia de A Coruña; 52, a la de Ourense; 43, a la de Pontevedra, y 26, a la de Lugo.

Además, ha precisado que la mayor parte de las denuncias recibidas procedieron de la provincia de Pontevedra, que sumó 3.074, seguida por la de A Coruña, con 2.000; la de Ourense, con 1.328; y la de Lugo, con 708.

En este sentido, Alfonso Rueda ha señalado que, a excepción de las siete ciudades gallegas, que trasladaron que disponían de capacidad para asumir la tramitación de las denuncias, 306 municipios podrían haberse adherido al convenio, en el que finalmente se integraron 178.

Asimismo, el también conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo ha detallado se notificaron a infractores más de 1.000 sanciones a las que se sumarán otras 1.200 en los próximos días. A este respecto, ha concretado que las infracciones más habituales se relacionaron con personas que no utilizaron mascarilla y el incumplimiento de aforos y horarios de locales, así como del toque de queda.

Aunque ha reconocido que algunos de los ayuntamientos que no se sumaron al acuerdo han realizado la tramitación por su parte, ha denunciado que otros "no están haciendo absolutamente nada", lo que ha afirmado que resulta "muy grave". Así, ha reprobado que parte de los municipios no tramiten las sanciones interpuestas para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyo trabajo ha valorado.

Adicionalmente, el vicepresidente primero del Gobierno gallego ha recordado que el Consello Consultivo determinó que los ayuntamientos eran las administraciones competentes para tramitar las denuncias, por lo que se decidió articular este convenio.

Además, ha destacado la apuesta de la Xunta por aportar "seguridad jurídica" ante una "situación novedosa" derivada de la pandemia a través de la Ley de Salud Galicia y ha reprobado que el Gobierno la haya elevado al Consejo de Estado al considerar que presenta indicios de inconstitucionalidad.

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