El Gobierno selló en julio 8 acuerdos con CCAA, entre ellos el que permite retirar el recurso de la ley de salud gallega

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El Ejecutivo autonómico accedió a introducir en su norma una disposición adicional que aclara el carácter voluntario de la vacunación

El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, ha alcanzado en el mes de julio soluciones pactadas con Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Asturias y Castilla y León sobre ocho leyes para evitar recursos de inconstitucionalidad.

Entre estas normas, destaca el acuerdo con la Xunta de Galicia sobre la ley de salud gallega, que permite, precisamente, retirar el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, después de que el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo accediese a introducir una disposición adicional que aclara el carácter voluntario de la vacunación.

Según explica el Gobierno, el Ejecutivo gallego promoverá una iniciativa legislativa con el objeto de introducir en el texto de la Ley de Salud una disposición adicional relativa a la aplicación de las medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y de la estrategia nacional de vacunación.

Asimismo, ambos Gobiernos entienden que las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia aplicarán las medidas recogidas en el artículo 38.2 al amparo de lo que al respecto disponga en todo momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia establecida sobre la interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad.

Previamente, el Tribunal Constitucional (TC) se había pronunciado sobre la medida cautelar y había decidido levantar toda suspensión excepto, precisamente, la que se refería al apartado de vacunación. Este mismo lunes, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica esta decisión, a la espera de oficializar con la publicación en los boletines oficiales, el pacto que da pie a la retirada del recurso.

MÁS ACUERDOS ESTATALES
En el resto de España, otro acuerdo en materia sanitaria es el alcanzado con Baleares sobre el decreto ley 5/2021 por el que se modifican la ley 16/2010 de Salud Pública de las Baleares, y el decreto ley 11/2020 por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19.

En concreto, en este acuerdo ambas partes entienden que las autoridades sanitarias de Baleares aplicarán las medidas recogidas en el artículo 49.bis apartado 3 al amparo de lo que al respecto disponga en todo momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia sobre la interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad. Asimismo, el Gobierno balear promoverá una iniciativa legislativa para modificar el artículo 49 bis.

Con todo, también se ha alcanzado una solución pactada con la Ley de Cantabria 2/2021 por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. Así, Cantabria se compromete a modificar su legislación para adaptarlo al marco competencial en materia de sobrevuelo.

Otro de los acuerdos es con la Generalitat Valenciana, en concreto con su Ley 3/2020 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización. Se ha alcanzado un acuerdo en distintas materias referentes a contratación, evaluación del impacto medioambiental y materia fiscal donde la Comunidad Valenciana se compromete a llevar a cabo modificaciones normativas.

CON CATALUÑA
Respecto al decreto ley 34/2020, de Cataluña, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, se ha alcanzado un acuerdo mediante el que la Generalitat se compromete a declarar próximamente la pérdida de vigencia del decreto ley en una ulterior norma que lo derogue.

Asimismo, también se ha alcanzado un acuerdo parcial en materia tributaria sobre la Ley del Principado de Asturias 3/2020 de Presupuestos Generales para 2021.

De otro modo, otro acuerdo tiene que ver con la Ley 2/2020 de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el decreto legislativo 1/2019.

Es un acuerdo en el que ambas partes interpretan que en relación con las ayudas sobre renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, tienen naturaleza de prestaciones de carácter social hasta el importe que correspondería a las personas beneficiarias por dicha renta, sin que en ningún caso constituyan un complemento específico de prestaciones contributivas.

Por último, también con Galicia, se ha alcanzado una solución pactada referida a distintas cuestiones en relación con las actuaciones concurrentes de ambas administraciones en materia de pesca y gestión de aguas.

EL PP GALLEGO INSISTE: FUE UN RECURSO "POLÍTICO"
Por su parte, en rueda de prensa, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha insistido en que el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley gallega de salud pública fue una decisión "política" y "no jurídica" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha lamentado que su retirada no se hubiera acordado antes, ya que han transcurrido "cinco meses de bloqueo, generando dudas e inseguridad jurídica, y poniendo en peligro la salud de los gallegos".

Según ha censurado, el Ejecutivo socialista "no quiso legislar ni dejó legislar", y ahora da marcha atrás "ante una previsible sentencia desfavorable" del Constitucional.

Asimismo, ha criticado que "poco le importa la ley" a un Gobierno que adoptó "decenas de disposiciones" durante esta crisis sanitaria "sin preocuparse de garantizar la más mínima seguridad jurídica de las decisiones", y que "se niega a crear un marco legal para gestionar" la pandemia.

"Su única prioridad estos meses fue sacar réditos políticos, aunque fuese a costa de la salud de los gallegos y los españoles. Hoy constatamos que el tiempo siempre acaba dando la razón al PPdeG y a la Xunta", ha zanjado.

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