La patronal eólica gallega avisa de que el desarrollo del sector "es nulo" y reprocha que la Xunta genere "inseguridad"

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Archivo - Parque eólico de Greenalia en Vimianzo

Alerta de que "un gran número de proyectos perderán sus permisos por incumplimiento de plazos"

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) avisa, ante la moratoria de nuevos proyectos que prevé poner en marcha la Xunta hasta mediados de 2023, que el desarrollo del sector "es nulo".

En un comunicado, asegura que "la realidad es que no se está ejecutando ningún parque y parece que el escenario para el año próximo será el mismo". En este sentido, indica que "si hoy no se construyen proyectos eólicos, es porque no se dispone de las autorizaciones necesarias".

La EGA ha celebrado una junta directiva de urgencia este jueves a raíz de la medida incluida en la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2022, en la que figura que la Xunta no admitirá durante 18 meses --desde comienzos del año que viene-- nuevos parques eólicos salvo que tengan "una clara incidencia" económica. La patronal eólica gallega recrimina que "se genera incertidumbre e inseguridad jurídica". "Este no es el camino", apostilla.

"La Administración autonómica está bloqueada, porque está volcada en sacar a información pública nuevos proyectos: Este año 2021 se publicaron 37 parques eólicos que suman más de 1.000 megavatios de potencia, a los que hay que añadir otros 31 de competencia estatal que suman más de 2.500 megavatios. Es decir, los recursos administrativos no están enfocados hacia la construcción y puesta en marcha de nueva potencia eólica", razona la patronal eólica gallega.

En lo tocante a 2021, afirma que "solo se han puesto en marcha unos 50 megavatios correspondientes a permisos de años anteriores". A esto se une que se han otorgado 98,35 megavatios de potencia procedentes de cinco autorizaciones, según detalla. "Y no nos consta ninguna autorización administrativa de evacuación", agrega.

En cuanto a tramitación ambiental este mismo año, dice que se han emitido cuatro declaraciones de impacto por 60 megavatios, a las que hay que añadir un informe ambiental de una línea de evacuación.

LARGA TRAMITACIÓN
Para la EGA, esas cinco autorizaciones "son el claro exponente de cuáles son los plazos de tramitación, porque de los cinco proyectos, el que tuvo la tramitación más corta tardó tres años y ocho meses, mientras que el más largo en tramitarse llegó a casi 11 años desde la fecha de solicitud".

Y es que cuando un parque obtiene su autorización, "necesita iniciar un nuevo trámite de modificación, ya que los modelos de aerogenerador quedaron obsoletos debido al tiempo transcurrido".

"Esta es la realidad de la tramitación eólica en Galicia y también la razón del elevado número de expedientes actualmente", expone.

"La cifra de nuevos proyectos y líneas de evacuación es escasa, y por otra parte el tiempo de tramitación es enorme, lo que obliga a retramitar los pocos proyectos que se autorizan. Y, a pesar de ello, se siguen sacando a información pública nuevos proyectos, circunstancia que conduce al cuello de botella de los trámites oficiales", asegura.

Además, reprocha "la falta de coordinación entre Xunta y Ministerio", pues "el Ministerio está avanzando en la tramitación de proyectos que la Xunta defiende que no se ajustan a la normativa autonómica". Unas tramitaciones en paralelo que provocan solapamientos y perjuicios, se queja esta asociación.

UN "GRAN NÚMERO" PERDERÁN SUS PERMISOS
En esa línea, la Asociación Eólica de Galicia alerta de que esta situación "abocará a un gran número de proyectos a perder sus permisos de acceso por incumplimiento de los plazos previstos en el RDL 23/2020".

"Es decir, las empresas han planteado proyectos para avanzar hacia un modelo energético sostenible, y, sin embargo, pueden perderlos porque la Administración exige el complimiento de hitos administrativos y al mismo tiempo es incapaz de avanzar en la tramitación para que se puedan cumplir de dichos hitos", recrimina.

Advierte de que "ya se ha destruido un millar de puestos de trabajos de los más de 7.000 que había antes de la pandemia". Por tal motivo, indica que la "transición energética precisa acciones de reactivación, no de freno".

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