La Justicia investiga a un jefe de servicio de la Xunta por la contaminación de antigua mina de Monte Neme

La controversia sobre la responsabilidad de las filtraciones en el Monte Neme se prolonga años y ahora entra en una nueva fase judicial. Feijóo dijo en su día ue es la antigua empresa explotadora de la mina del Monte Neme la "responsable" de "lo que ocurra" en este lugar situado entre los ayuntamientos coruñeses de Malpica y Carballo.

Juan José Iglesias jefe de Servizo de Energía y Minas de la Xunta en una imagen de la Universidad de Vigo 

Un juzgado de la localidad coruñesa de Carballo mantiene abierta una investigación contra el jefe de servicio de Enerxía e Minas de la Xunta, Juan José Iglesias, por su responsabilidad en un posible delito ecológico relacionado con filtraciones de metales pesados procedentes de las balsas de agua de la antigua mina de Monte Neme.

El responsable del Gobierno autonómico acudió a declarar el pasado miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Carballo, que instruye la denuncia presentada por la Asociación Petón do Lobo.

METALES PESADOS
El juzgado mantiene la investigación por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, vinculado a un delito continuado por vertidos de drenajes ácidos de mina con "altas cantidades" de metales pesados al medio ambiente.

La denuncia está vinculada a la restauración de la antigua explotación minera ubicada en el monte de la comarca de Bergantiños y, en concreto, a las filtraciones que se producen a través de dos tubos de drenaje.

ROTURA HACE SIETE AÑOS
La Asociación Petón do Lobo había presentado también una denuncia por la rotura en 2014 de la balsa de Monte Neme, explotación minera gestionada por la empresa Leitosa, disuelta en 2015.

En todo caso, el juzgado desestimó, en un auto emitido en junio de este año 2021, la investigación por el delito ecológico del fallo crítico sufrido por la balsa en 2012, que dejó un vertido de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos sobre las parroquias coruñesas de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica).

Y es que la denuncia presentada por estos hechos se produjo en diciembre de 2020, transcurridos los cinco años establecidos por ley para la prescripción de los delitos castigados con hasta cinco años de prisión, como el relativo al fallo registrado en Monte Neme en 2014.