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​La ansiedad y la depresión afectan a nueve de cada diez personas desahuciadas

Un estudio realizado en Granada señala que la situación de "incertidumbre dramática" afecta a la salud mental.


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El 88 por ciento de las personas desahuciadas padecen ansiedad y el 91 por ciento depresión, especialmente las mujeres, según se desprende de un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) y a la Facultad de Psicología, junto con investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada.


El trabajo, publicado recientemente en la revista The Spanish Journal of Psychology, ha tenido como objetivo explorar la salud mental de las personas afectadas, para lo cual han entrevistado de forma individualizada 205 participantes voluntarios asistentes a la 'Plataforma Stop Desahucios' de la provincia de Granada.


"Sin duda, uno de los datos más llamativos que hemos encontrado tiene que ver con la alta incidencia de sintomatología de estrés postraumático en las personas que están viviendo un proceso dramático como es el de los desahucios. Desde que se inicia el proceso, con la dificultad para pagar la hipoteca cada mes, hasta el momento en que la familia es desalojada de la vivienda, pueden transcurrir años", ha señalado Humbelina Robles Ortega, una de las investigadoras del proyecto.


Se trata de un periodo prolongado de estrés, una situación de "amenaza e incertidumbre dramática" con la que se levantan cada mañana y se acuestan cada noche, que está afectando su integridad física y psicológica.


En este sentido, Ortega ha informado de que han encontrado que el 72,5 por ciento de los participantes que viviendo la amenaza de perder su hogar con temor, impotencia y horror. Asimismo, prosigue, al igual que ocurre con los niveles de ansiedad y depresión, se observan diferencias de género en sintomatología de estrés postraumático, siendo las mujeres las que presentan niveles de síntomas de estrés postraumático más altos.


"Estos hallazgos tienen importantes implicaciones clínicas, sociales y políticas que exigen medidas urgentes para atender la salud mental de las personas afectadas. Al mismo tiempo, es necesario implementar políticas efectivas para encontrar soluciones alternativas a la etapa final del proceso de desalojo de viviendas", ha zanjado la investigadora.


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