Sobreseída la acusación contra cargos de A Mesa en Padrón

El juzgado de Padrón ha decidido poner fin al proceso abierto contra el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, y la creadora de contenido y miembro de A Mesa Sara Seco, quienes habían mostrado su respaldo público a un ciudadano de Rianxo sancionado tras exigir ser atendido en gallego durante la pandemia. 

 


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Los acusados y miembros de A Mesa frente al juzgado
Los absueltos y miembros de A Mesa frente al juzgado

La decisión de la jueza de archivar el caso supone un respaldo para los defensores del uso del gallego en la administración. El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia de la Policía Local de Rianxo, que acusaba a Maceira y a Seco de injurias por sus manifestaciones públicas en apoyo al vecino multado. Sin embargo, la magistrada ha determinado que no existen elementos suficientes para continuar adelante con el proceso.

 

Desde la Mesa pola Normalización Lingüística se considera que la actuación policial ha sido desproporcionada y que la denuncia perseguía intimidar a quienes defienden los derechos lingüísticos de la población gallega. La entidad sostiene que este tipo de acciones pueden suponer una amenaza para la libertad de expresión y para el ejercicio del derecho a comunicarse en gallego en el ámbito público. La sanción inicial de 600 euros impuesta al vecino de Rianxo también fue anulada, aunque finalmente fue sancionado con 160 euros por falta de respeto a la Policía Local.

 

El archivo de la causa contra Maceira y Seco se produce en un contexto en el que la defensa del gallego ha vuelto a situarse en el centro del debate político, tras conocerse que la lengua del propia del país es minoritaria por vez primera. 

 

A raíz de estos hechos, la Mesa pola Normalización Lingüística ha instado a la Policía Local de Rianxo a mejorar la formación de sus agentes en materia de derechos lingüísticos y de atención ciudadana conforme a la legislación vigente. La organización ofrece su colaboración para impartir formación específica, considerando que este esfuerzo sería menor que el dedicado a la elaboración de extensos informes policiales en busca de delitos inexistentes. 

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