Bruselas reduce a 46 los caladeros afectados por la prohibición a la pesca de arrastre por la profunidad de las zonas

41 de los 87 caladeros afectados por la norma aprobada en la Comisión Europea no entrarán dentro de la normativa comunitaria al tener un fondo de entre 0 y 400 metros.

El anuncio llega solo un día después de que el Ministerio de Agricultura comunicase su intención de acudir a la vía judicial para evitar que se aplique la medida a partir del próximo lunes. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves en Vigo que Bruselas ha accedido a excluir del veto a la pesca de fondo 41 de los 87 caladeros afectados por el reglamento de la Comisión Europea debido a tener una profundidad de entre 0 y 400 metros, inferior a la que establece la norma, que busca proteger fondos de entre 400 y 800 metros de hondo.

Así lo ha señalado Planas ante los medios de comunicación en el marco de su visita a la Feria Internacional de Productos del Mar congelados, Conxemar, donde ha explicado que de esta manera el veto solo afectará a 46 caladeros del Océano Atlántico en vez de a los 87 inicialmente previstos.

Según el titular de Pesca, esto es un "avance" y una "primera victoria" ya que permitirá a la flota comunitaria seguir faenando en estos espacios, aunque ha asegurado que el Ejecutivo presentará de igual manera el recurso al reglamento de Bruselas. Sin embargo, ha indicado que el Gobierno central no pedirá una suspensión cautelar de su entrada en vigor, prevista para el próximo domingo, aludiendo razones jurídicas para no hacerlo.

Luis Planas ha subrayado que tras comprobaciones batimétricas y cartográficas se ha demostrado que en 41 de los 87 caladeros que afectaba el reglamento había menos de 400 metros de profundidad, por lo que no se encontrarían dentro de esta norma, como defendía el sector. Por ello, Bruselas se ha comprometido por escrito a excluirlos.

Preguntado sobre la posibilidad de establecer ayudas temporales al sector, debido a que muchos barcos tendrán que parar su actividad por esta decisión de Bruselas, Planas ha indicado que el Gobierno "no está ahí", señalando que en la actualidad está centrado en el recurso jurídico y en las negociaciones con la Comisión para reducir el impacto de la norma.