Rescatar la AP-9 y AP-66 es "ineludible", claman Galicia, Asturias y Castilla León

El frente común formado por los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León ha lanzado una advertencia clara al Ejecutivo central: el rescate de la AP-9 y de la AP-66 es una decisión compleja, pero ineludible. Lo hicieron tras una reunión de trabajo celebrada en Santiago, en la que participaron responsables autonómicos y empresarios del noroeste con el objetivo de reforzar la conectividad del territorio y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un compromiso real con las infraestructuras.


 


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Foto del grupo de trabajo del noroeste, este miércoles en Santiago
Foto del grupo de trabajo del noroeste, este miércoles en Santiago


Durante la comparecencia conjunta ante los medios, el consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, subrayó que existen “precedentes y mecanismos suficientes para aplicar soluciones homogéneas en materia de autopistas”. Según explicó, el Estado debe actuar con coherencia y evitar que unos territorios sigan cargando con peajes mientras otros disfrutan de autovías gratuitas. Para Sanz, el rescate de las concesiones de la AP-9 gallega y la AP-66 leonesa ya no es una cuestión de voluntad política, sino una necesidad para garantizar la igualdad de trato entre comunidades.

 

Antes de él intervenía la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta, María Martínez Allegue, quien insistió en que el Gobierno central tiene ante sí “una oportunidad fantástica” con la resolución que debe emitir la Comisión Europea sobre la prórroga de las concesiones. “Es el momento de ser valientes y rescatar la AP-9”, señaló, recordando que Bruselas podría cuestionar la legalidad de las extensiones de contrato aprobadas años atrás.

 

La titular de Infraestruturas advirtió también que, si el Ejecutivo central no responde en plazo al dictamen europeo, la Xunta estudiará todos los cauces legales disponibles. En ese sentido, recordó que el Gobierno gallego ya había elaborado un estudio económico sobre un posible rescate de la autopista, cuyo resultado demostraba que “la oportunidad económica ya estaba ahí”, al ser una operación viable desde el punto de vista financiero y beneficiosa para los usuarios.

 

En la misma línea reivindicativa, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, asumió un papel protagonista en el acto al afirmar que “el noroeste no se va a quedar callado”. Durante su intervención, Vieites rechazó de forma contundente “la España de retales”, en referencia a la desigualdad territorial que genera la política de infraestructuras del Estado. Para el líder empresarial, la gratuidad de las autopistas AP-9 y AP-66 debe convertirse en una verdadera palanca de crecimiento, capaz de impulsar la competitividad y garantizar la igualdad de oportunidades entre regiones. La CEG fue, precisamente, la entidad organizadora del encuentro celebrado bajo el lema “Conectando Territorios, Impulsando Futuro”, que reunió a administraciones y representantes empresariales del noroeste para articular una posición común ante Madrid y Bruselas.

 

A la cita acudieron también la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente de la CEOE Castilla y León, Juan María Vallejo, quienes respaldaron el planteamiento conjunto y coincidieron en que la competitividad del noroeste depende directamente de la eliminación de los peajes y del refuerzo de las conexiones ferroviarias y viarias.

 

Por parte del Principado, el consejero asturiano de Movilidad, Alejandro Jesús Calvo, explicó que su Ejecutivo ya ha aprobado un expediente de revisión de oficio sobre la prórroga de la AP-66, un paso previo a la eventual interposición de un recurso contencioso-administrativo. Según expuso, Asturias considera imprescindible que Madrid revise la legalidad y las condiciones de las concesiones, que en su día fueron ampliadas sin una evaluación suficiente del interés general. Esta vía jurídica se convierte, así, en una herramienta de presión ante la inacción del Estado.

 

Preguntada sobre si Galicia podría seguir este mismo camino judicial, Martínez Allegue aclaró que la prioridad de la Xunta sigue siendo el diálogo y la búsqueda de una solución política, aunque no descarta medidas legales si no se produce una respuesta clara por parte del Gobierno central. La conselleira recalcó que la resolución europea representa una oportunidad que no debe desaprovecharse, ya que podría servir de base para una salida negociada y definitiva al problema de los peajes en el norte.

 

Además de las autopistas, la cita celebrada en Santiago incluyó una evaluación de otros proyectos estratégicos, como el corredor atlántico ferroviario, considerado por los participantes una infraestructura clave para conectar los puertos del noroeste con el resto del continente europeo. En un comunicado posterior, la CEG destacó que “es urgente avanzar en su ejecución”, ya que el atraso acumulado en esta obra penaliza la competitividad logística de Galicia, Asturias y León frente a otros territorios peninsulares. Este eje ferroviario forma parte de los corredores europeos de mercancías, y su desarrollo permitiría integrar al noroeste en las grandes redes de transporte europeas.

 

El mensaje conjunto de las tres comunidades es, según coincidieron los asistentes, una llamada a la cohesión territorial y al reequilibrio de inversiones. Galicia, Asturias y Castilla y León, tradicionalmente castigadas por infraestructuras más costosas y un menor grado de ejecución de proyectos estatales, pretenden construir una voz unificada ante Madrid, con el objetivo de exigir las mismas oportunidades que disfrutan otras regiones.

 

La alianza entre gobiernos y tejido empresarial del noroeste refuerza así la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un momento clave, cuando Bruselas revisa la legalidad de las prórrogas de las concesiones y el debate sobre la financiación de las autopistas vuelve al centro político. Mientras tanto, los tres territorios implicados preparan una hoja de ruta común que combine acción institucional, apoyo empresarial y, si fuera necesario, iniciativas jurídicas coordinadas.

 

De fondo, la reivindicación compartida es clara: liberar el noroeste de peajes injustos, avanzar en la ejecución del corredor atlántico y garantizar que la vertebración territorial deje de ser una promesa pendiente.

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