peajes

La reunión celebrada en Padrón, anunciada con bombo y platillo como un paso hacia la supuesta gratuidad de esta autopista, no fue más que una nueva escenificación vacía.

"Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara. Pero, ¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca?".

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha aprovechado una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y otros representantes del Gobierno central, para insistir en el rescate de la AP-9 y demandar información directa sobre el expediente de la Comisión Europea sobre la prórroga.

Bruselas entiende que la prórroga, decidida por el PP, es ilegal, por lo que España debería nacionalizar la vía y pagarle una indeminización enorme a Audasa. El PSOE alega que no hay dinero para afrontar tal gasto, por lo que ha presentado documentación contra la decisión de la Comisión, lo que atrasa una solución definitiva a la espera de que el conflicto acabe el Tribunal de Justicia de la UE. Mientras, los socialistas sacan pecho por los descuentos a los conductores frecuentes aplicados en los últimos años. 

Y si protesta, pues se le echa la culpa a Madrid, o a Santiago, segundo quien mande esa semana. Decir que la AP-9 ve hacia la gratuidad es como decir que va hacia el mar: sí, puede ser, pero va dando vueltas, pierde tiempo por los caminos y solo acelera cuando ve que se ahoga.  A ver si ahora, con suerte, nos dejan de cobrar por circular por nuestra propia tierra.

También pedirán que se abonen los peajes pagados de forma "indebida" durante los últimos años.

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum al Gobierno español por las irregularidades detectadas en la prórroga de las concesiones de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-66, situándolas en el punto de mira por una posible vulneración de las reglas de la Unión Europea sobre contratación pública y concesiones de infraestructuras. Esta advertencia de Bruselas llega en forma de dictamen motivado, la segunda fase de un procedimiento de infracción que, de no solventarse en un plazo de dos meses, podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Llega la primavera y miles de gallegos preparan escapadas al otro lado del Miño. Muchos de ellos tienen pendientes pequeñas multas por saltare, por el motivo que sea, alguno de los peajes sin barrera lusos. Harían bien en no pasarla por alto, para evitarse un disgusto. Eso sí, las notificaciones que mandan empresas privadas tienen un valor jurídico cuestionable. Hay otras formas de sacarse el problema de encima.

La reducción de peajes de la AP-53 pactada entre el PSOE y el BNG forma parte de un acuerdo alcanzado en el marco de la investidura de Pedro Sánchez en 2023, y su implementación ha avanzado hasta concretarse en marzo de 2025. En breve, algunos conductores podrán sacarle partido, si cumplen algunas de las siguientes características.

La popular censura a la FEGAMP y considera "sorprendente" que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, "se convierta en portavoz" de la entidad municipalista.

Cada vez son más los municipios que reclaman que se levanten los peajes de la vía.

El ministro de Transportes manifiesta que encaje jurídico de esta transferencia se antoja complicado al ser "inasumible" su rescate.

PSOE y BNG sacaron pecho ayer al anunciar más descuentos en la Autopista del Atlántico pese a que no habrá presupuestos del Estado para 2025. Los grandes beneficiados serán los conductores que ya utilizan la VíaT para sus desplazamientos frecuentes por la AP-9, pues la bonificación crece de manera considerable, pasando del 20 al 30 por ciento.  

El vial sigue siendo objeto de disputa entre la Xunta y el Ministerio de Transportes, que dijo hace días que su transferencia resultaba insumible por su coste.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avanzado que la Xunta encargó un estudio para cifrar el traspaso de la AP-9 y cuenta con que estará listo "en un mes o dos".

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha advertido de que el rescate de la AP-9, que ha reclamado este miércoles el BNG desde el Congreso, es "inasumible" para la Administración General del Estado "y con claros efectos lesivos para las arcas públicas", cuantificando en 4.000 millones esta bonificación general de la autopista gallega.

En Colectivo ve "cada día más cerca" conseguir que "finalice" el cobro de peajes y pide "transparencia" al Gobierno.

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha lamentado las "subidas tan grandes" de los peajes de la AP-9, pese a los beneficios millonarios de su concesionaria, Audasa, que ha informado este miércoles de que en 2023 ganó unos 82,57 millones, un 24,9% más.

La resolución del Supremo del pasado 6 de marzo es firme y contra ella ya no cabe recurso