Moncloa frena el camino para que la AP-9 sea gratis y culpa al PP

El Gobierno ha confirmado este miércoles que ha remitido finalmente su respuesta al ultimátum lanzado por la Comisión Europea por la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, una decisión que Bruselas considera contraria a las reglas comunitarias en materia de contratación pública y concesión de infraestructuras. El plazo para contestar expiraba hoy, por lo que el Ejecutivo central ha actuado "in extremis" para evitar que el caso dé un paso más hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El subdelegado del Gobierno en A Coruña Julio Abalde ha alegado que el problema de la autopista es una maraña jurídica muy compleja..

La Comisión Europea había enviado en julio un aviso formal a España, reclamando explicaciones tanto por la prórroga de la concesión de la AP-9 como por la de la AP-66, al entender que ambas operaciones incumplieron la normativa comunitaria. Bruselas dio un plazo de dos meses para que el Gobierno enmendara esas posibles irregularidades o, al menos, ofreciera argumentos sólidos que justificaran el procedimiento seguido. El ultimátum caducaba este mismo miércoles y de no haberse respondido, los servicios jurídicos comunitarios estarían en disposición de elevar el caso al TJUE.

El Ejecutivo español ha detallado que ha remitido esta misma mañana una respuesta "amplia" al dictamen comunitario, en la que España defiende la legalidad de los pasos dados y aporta información que, según el Ministerio, "permite realizar una valoración adecuada en defensa de los intereses generales de España". Sin embargo, el Gobierno no ha hecho público el contenido concreto de esa contestación.

Desde el departamento ministerial subrayan que el procedimiento no se da por cerrado con este trámite y que se estudiarán con detalle los próximos pasos de la Comisión Europea. "Analizaremos las siguientes decisiones de Bruselas y, llegado el caso, agotaremos todas las opciones disponibles para defender la posición de España", apuntan fuentes gubernamentales sobre un asunto que amenaza con convertirse en un frente judicial en Luxemburgo.

En paralelo, el Gobierno no ha querido dejar pasar la ocasión para señalar al Partido Popular como principal responsable de la situación actual. Desde Moncloa recuerdan que la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta el año 2048 fue aprobada en el año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar, una decisión que el actual equipo califica como "perjudicial para los derechos de los ciudadanos". "Le corresponde al PP explicar los motivos por los que adoptó una medida que este Gobierno no hubiera tomado nunca", insisten.

El Ministerio defiende que la política actual de movilidad del Ejecutivo va en dirección contraria, apostando por la reducción de costes para los conductores y la cohesión territorial. En este sentido, recalcan que se han establecido nuevas bonificaciones en los peajes de la AP-9 en los últimos años como medida de apoyo a los usuarios, especialmente en Galicia, donde la autopista es un eje vertebrador del transporte y la economía regional.

La confrontación política añade un nuevo componente a este expediente comunitario. Por un lado, el Gobierno asegura haber cumplido con las exigencias de Bruselas al enviar un informe completo y justificativo en tiempo y forma, con el compromiso de mantener la colaboración institucional para responder a todas las solicitudes procedentes de la UE. Por otro, denuncia la herencia de una decisión tomada hace más de dos décadas, que a su juicio condiciona el margen de maniobra actual y sigue generando un fuerte rechazo social en Galicia debido a la controversial gestión de la AP-9.

Mientras tanto, la Comisión Europea mantiene la presión sobre España, con especial foco en si la prórroga fue concedida sin ajustarse a los requisitos de la normativa comunitaria vigente, que obliga a procedimientos de contratación transparentes y competitivos en concesiones de autopistas. Si la respuesta remitida esta mañana no resulta satisfactoria, el expediente podría elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde el caso se resolvería en un terreno estrictamente jurídico y potencialmente con sanciones de calado para el Estado español.

El pulso entre Bruselas y Madrid por la AP-9 y la AP-66 es seguido con atención en Galicia, donde el malestar ciudadano con los peajes es histórico y donde cualquier movimiento relacionado con la autopista tiene repercusión política inmediata. En este escenario, el Gobierno se esfuerza por proyectar una imagen de defensa del interés general, acatando los requerimientos europeos y responsabilizando al anterior Ejecutivo popular de haber tomado una decisión cuyas consecuencias todavía se arrastran un cuarto de siglo después.

A la espera de que Bruselas evalúe la respuesta española, el procedimiento sigue abierto y el horizonte judicial no queda descartado, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de una de las principales arterias de comunicación del noroeste peninsular. El Gobierno insiste en que agotará todas las vías de diálogo y alegación para evitar un desenlace en el TJUE, mientras busca reforzar su relato con medidas de bonificación que amortigüen el impacto económico en los gallegos.

La controversia sobre la prórroga de la AP-9 se coloca así de nuevo en el centro del debate político y europeo, con tres frentes abiertos: la Comisión Europea, que exige el cumplimiento de la legalidad comunitaria; el Gobierno central, que asegura defender los intereses generales aunque reitera que la decisión fue responsabilidad de otro Ejecutivo; y la oposición del PP, que deberá responder a las críticas por una medida que Bruselas ha puesto ahora bajo lupa.