AP-9

La patronal gallega, liderada por Juan Manuel Vieites, une fuerzas con sus homólogos de Asturias y León para reclamar el fin de los peajes, cuya prórroga en Galicia investiga la Comisión Europea, y un impulso real a las infraestructuras ferroviarias.

La circulación parece ya restablecida en la AG-56 y en la autopista AP-9, donde tuvieron lugar los siniestros.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro en el que se vieron implicados cuatro vehículos.

Veinte minutos después del siniestro se produjo una colisión entre dos turismos con tres heridos leves.

"Seguimos exigiendo desde todas las instituciones que se pongan fin a este bloqueo y que se cumpla con el compromiso adquirido", aseguran los populares
 

Una vecina de 91 años perdió la vida en la noche del miércoles tras un accidente de tráfico registrado en la AP-9, a la altura de Cabanas (A Coruña), en dirección Ferrol. El siniestro movilizó de forma inmediata a numerosos recursos de emergencia en un operativo que se prolongó durante varias horas.

La reunión celebrada en Padrón, anunciada con bombo y platillo como un paso hacia la supuesta gratuidad de esta autopista, no fue más que una nueva escenificación vacía.

El PPdeG exige el rescate de la autopista y cree que el Gobierno "ignoira y menosprecia" a Galicia.

"Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara. Pero, ¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca?".

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha aprovechado una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y otros representantes del Gobierno central, para insistir en el rescate de la AP-9 y demandar información directa sobre el expediente de la Comisión Europea sobre la prórroga.

Bruselas entiende que la prórroga, decidida por el PP, es ilegal, por lo que España debería nacionalizar la vía y pagarle una indeminización enorme a Audasa. El PSOE alega que no hay dinero para afrontar tal gasto, por lo que ha presentado documentación contra la decisión de la Comisión, lo que atrasa una solución definitiva a la espera de que el conflicto acabe el Tribunal de Justicia de la UE. Mientras, los socialistas sacan pecho por los descuentos a los conductores frecuentes aplicados en los últimos años. 

Y si protesta, pues se le echa la culpa a Madrid, o a Santiago, segundo quien mande esa semana. Decir que la AP-9 ve hacia la gratuidad es como decir que va hacia el mar: sí, puede ser, pero va dando vueltas, pierde tiempo por los caminos y solo acelera cuando ve que se ahoga.  A ver si ahora, con suerte, nos dejan de cobrar por circular por nuestra propia tierra.

Los populares han presentado una proposición no de ley en el Parlamento para aprovechar la "ventana de oportunidad" que supone, en su opinión, el plazo de respuesta concedido al Ejecutivo por parte de las autoridades europeas.

Sobre la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal la ampliación de la concesión de la AP-9 y la decisión del Gobierno de recurrir el "ultimátum" lanzado por Bruselas, Casares ha asegurado que "llegará un momento en que no se pueda ir mas allá porque la Comisión está siendo muy severa

También pedirán que se abonen los peajes pagados de forma "indebida" durante los últimos años.

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum al Gobierno español por las irregularidades detectadas en la prórroga de las concesiones de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-66, situándolas en el punto de mira por una posible vulneración de las reglas de la Unión Europea sobre contratación pública y concesiones de infraestructuras. Esta advertencia de Bruselas llega en forma de dictamen motivado, la segunda fase de un procedimiento de infracción que, de no solventarse en un plazo de dos meses, podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De esta forma, también abordarán la aprobación de los estatutos que regirán su funcionamiento, la designación de titulares de la comisión ejecutiva y firmarán el acta fundacional.
 

El "altísimo volumen de gastos que ello conllevaría" supone un impedimento para su rescate, consideran desde Transportes.

La popular censura a la FEGAMP y considera "sorprendente" que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, "se convierta en portavoz" de la entidad municipalista.

Cada vez son más los municipios que reclaman que se levanten los peajes de la vía.