El PPdeG critica el "bloqueo" del Gobierno al rescate de la AP-9

El Gobierno de España ha defendido que el contrato de concesión de la AP-9, que cubre su construcción, mantenimiento y explotación, permanece completamente válido hasta el año 2048, de modo que “no procede su rescate”. La respuesta, dirigida a varios senadores gallegos del PP, llega en un momento en que se reaviva el debate sobre los peajes y las prórrogas sucesivas concedidas por distintos ejecutivos.

El Partido Popular cuestiona que el Estado no estudie devolver la titularidad pública de la autopista, recordando que las ampliaciones de la concesión se aprobaron tanto con gobiernos socialistas como populares. La última prolongación, autorizada durante el mandato de José María Aznar en 2000, amplió la vigencia hasta mediados de siglo.

El PP cifra el rescate en más de 2.300 millones

El senador del PP José Manuel Balseiro estimó que el rescate de la AP-9 alcanzaría un coste de 2.356 millones de euros, según cálculos de la Xunta. “Esa cifra equivale prácticamente a lo que el Estado prevé gastar en compensaciones y bonificaciones de peaje hasta 2048”, señaló el parlamentario, quien lamentó que “continúe el bloqueo de Sánchez a una demanda histórica de Galicia”.

El debate llega después de que, en julio de 2025, la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo español por las irregularidades en las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66. Bruselas exigía a España corregir lo que consideraba una extensión contraria a las normas de competencia europeas.

Bruselas mantiene abierto el procedimiento

El Gobierno respondió en septiembre con una documentación “amplia” que, según fuentes del Ministerio de Transportes, ofrecía todas las aclaraciones necesarias para justificar la continuidad del contrato. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que el procedimiento de infracción sigue en curso y que, mientras no se cierre, la información permanece sujeta a confidencialidad, tal y como recoge su escrito al Senado.

Los populares han acusado al Gobierno de “falta de transparencia” y subrayan que el Parlamento gallego, con el voto favorable de PPdeG, PSdeG y BNG, ha solicitado la entrega de toda la documentación remitida a Bruselas. Por ahora, el Ejecutivo central no ha avanzado si hará pública esa información mientras siga abierta la investigación comunitaria.