El PPdeG exige al Gobierno que revele su respuesta a Bruselas sobre las prórrogas de la AP-9

El Partido Popular de Galicia ha reclamado este domingo al Gobierno central que entregue la documentación relativa a su contestación a la Comisión Europea sobre el dictamen que cuestiona la legalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9. Según denuncia el PPdeG, el Ejecutivo lleva meses ignorando las peticiones de la Xunta para acceder a esa información clave, que podría determinar el futuro de la principal vía de comunicación gallega.

Críticas al “bloqueo” del Gobierno

Los diputados populares en el Congreso registraron una pregunta formal en la que reprochan al Ejecutivo “su negativa al rescate de la autopista”, recordando que un informe encargado por la Xunta cifra el coste de esa operación en 2.356 millones de euros. El PPdeG sostiene que posponer la decisión solo encarecerá el proceso y agravará el perjuicio para la ciudadanía gallega.

Celso Delgado, vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y diputado popular, lamentó que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, “atiendan las demandas de Galicia”. A su juicio, “siguen despreciando una infraestructura vital para el país y clave para su cohesión territorial”.

Contexto de la polémica europea

El conflicto se reavivó tras el dictamen de la Comisión Europea, emitido en diciembre, que cuestiona la validez de las prórrogas concedidas a Audasa —la concesionaria de la AP-9— por gobiernos españoles anteriores. Bruselas considera que España pudo vulnerar la normativa comunitaria de contratación pública al extender la concesión sin nueva licitación.

El Ejecutivo central habría remitido una respuesta a la Comisión el pasado mes de enero, pero todavía no la ha compartido con la Xunta ni con los grupos parlamentarios. Esta opacidad es la que denuncian ahora los populares, que acusan al Gobierno de actuar “de espaldas a Galicia”.

Petición de diálogo

Delgado ha instado al Ejecutivo a “sentarse con la Xunta” para abordar conjuntamente las implicaciones de la decisión europea y definir una posición común. Recordó además que el pasado 2 de febrero el PSOE votó en el Parlamento gallego junto con el PP a favor de reclamar toda la documentación relativa al expediente europeo y a las comunicaciones mantenidas por el Estado. Sin embargo, los socialistas no han precisado cuándo ni cómo se facilitará esa información.

Mientras tanto, la concesionaria Audasa y el Ministerio de Transportes evitan pronunciarse públicamente sobre el dictamen comunitario. Los expertos consultados por la prensa apuntan a que una eventual anulación de las prórrogas podría tener un gran impacto económico y político, al abrir la puerta a la reversión del control de la AP-9 al Estado.