Manifestación el miércoles en Vigo para reclamar el derecho a la vivienda

Vigo saldrá a la calle este miércoles 15 de abril para protestar por el deterioro del acceso a la vivienda en la ciudad y su comarca. La convocatoria está impulsada por los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, cuyos secretarios generales en Vigo, Montserrat Carrera y Ernesto Fontanes respectivamente, presentarán este martes 14 de abril, a las 10.30 horas, los detalles de la manifestación en rueda de prensa. La movilización tiene como objetivo interpelar directamente al Gobierno central, a la Xunta de Galicia y a los ayuntamientos de la comarca, a los que los sindicatos acusan de no dar respuestas a la altura del problema.

La convocatoria arrastra ya un amplio apoyo político y social. Colaboran, CC.OO, UGT Sumar, Izquierda Unida, el PSOE de Vigo, el Partido Comunista de Galicia, Podemos, la Federación Vecinal Eduardo Chao (FAVEC), el Foro Cívico de Vigo, Recortes Cero, Mundo sin Guerras y sin Violencia, el Sindicato de Estudiantes y la Asociación de Viudas Demócratas de Vigo. Una confluencia amplia que evidencia hasta qué punto la cuestión habitacional protagoniza el debate político.

Desde UGT y CCOO se reconoce que en los últimos meses se han anunciado algunas medidas por parte de las distintas administraciones, pero se considera que estas resultan insuficientes, lentas y poco efectivas para la mayoría de la ciudadanía. Los sindicatos reclaman iniciativas de mayor calado que lleguen de forma real e inmediata a quienes no pueden pagar lo que el mercado pide hoy por un piso en Vigo.

Un problema que no da espera

El contexto que rodea esta manifestación es preocupante . El precio medio del metro cuadrado en venta en Vigo supera ya los 2.450 euros, con subidas del 11% en los pisos en el último año, mientras que el alquiler mensual medio roza los 1.100 euros. 

El Observatorio de Vivenda de Galicia, impulsado por la Xunta, ha advertido de que en Vigo el gasto medio en alquiler ya supera el umbral del 30% de los ingresos netos de los hogares, es decir, el nivel a partir del cual se considera que existe un riesgo excesivo para la estabilidad financiera familiar.

A esta presión estructural se suma el impacto de las viviendas de uso turístico. La ciudad llegó a contabilizar más de 2.400 VUT en verano de 2025 y, aunque las intervenciones del Ministerio de Vivienda han reducido esa cifra hasta los 2.129 registradas en enero de 2026, los críticos señalan que el daño sobre el mercado residencial ya está hecho. El BNG lleva meses alertando de que en algunos barrios céntricos existen cinco pisos turísticos por cada uno disponible para alquiler residencial de larga duración, una proporción que expulsa a los vecinos de siempre y sustituye comunidad por rotación de maletas.

El Concello de Vigo aprobó en febrero una ordenanza para regular estas viviendas vacacionales, aunque lo hizo solo con los votos del gobierno socialista de Abel Caballero, ante el rechazo del PP —que la consideró insuficiente en términos de planificación— y del BNG, que la tachó de demasiado laxa. Mientras tanto, la declaración de Vigo como zona de mercado residencial tensionado, que permitiría topar las rentas de los grandes propietarios, sigue sin tramitarse, pese a que A Coruña ya lo consiguió en mayo de 2025.

Más presión, menos soluciones

Las medidas puestas en marcha hasta ahora se perciben desde el sindicalismo como parches. El Gobierno central lanzó en diciembre de 2025 una convocatoria piloto de 67 pisos de alquiler asequible en Vigo a través de Casa 47, con una renta media de 662 euros mensuales. 

La Xunta mantiene el Bono Alugueiro Mocidade y el programa Fogar Vivo de rehabilitación de viviendas vacías. Pero ninguna de estas iniciativas apunta a resolver el desequilibrio de fondo entre la oferta disponible y la demanda real de una ciudad que concentra empleo industrial, universitario y portuario, y que carece de suelo urbanizable suficiente por culpa de un planeamiento que data de 1993.