"Necesito cambiar la custodia de mi hija, pero no puedo pagar el MASC": el callejón sin salida de la justicia gratuita en Galicia

¿Existe realmente la justicia gratuita en Galicia? Hay muchos mecanismos que deberían garantizar este derecho reconocido por la Constitución , pero lo cierto es que, de manera efectiva, muchas veces no sale gratis para sus usuarios, que se ven obligados a realizar esfuerzos extra para poder sacar adelante los pleitos que asumen los abogados del turno de oficio que llevan ya más de dos años en huelga indefinida, luchando por mejorar las condiciones de un colectivo que defiende a los más vulnerables. Casos como el de Ana, (nombre ficticio para preservar la identidad de la afectada) evidencian que hay muchas lagunas en un sistema que falla por la base, pues en cuanto aquellos que tienen reconocida la asistencia jurídica gratuita tienen que pagar por ella, el derecho se diluye por completo.

UNA SITUACIÓN DESESPERADA

El caso de Ana no es sencillo, pero tampoco excepcional, pues como ella hay muchas personas atrapadas en el callejón sin salida en el que se puede convertir la Justicia si no se tienen los recursos necesarios para asumir los pleitos. “Es increíble que esto pase en este país…como otras cosas que pasan”, se queja con amargura la afectada, que se encuentra inmersa en un proceso para cambiar las condiciones de la custodia de su hija, a día de hoy compartida con su expareja, con la que nunca llegó a estar casada pero con la que firmó un convenio para pactar el tiempo que pasa cada uno de los dos progenitores con la niña. En ese acuerdo se establece que, a fin de evitar los conflictos, cualquier cambio está sujeto a un diálogo entre las partes en una mediación familiar. 

No obstante, y aunque por cuestiones de conciliación laboral y económicas Ana necesita modificar algunos puntos del acuerdo cuanto antes, en Galicia no existe un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) gratuito, pese a que por su situación de vulnerabilidad tiene reconocida la asistencia del turno de oficio y que la nueva ley obliga a contar con esta mediación sin importar el caso ni cuestiones contractuales como a las que se ve sometida Ana. 

“No existe la mediación familiar. Yo tengo que quemar el cartucho de la mediación, pero a nivel administrativo no hay nada que sea gratuito. Yo no me puedo permitir ese desembolso, estoy en una situación vulnerable y quiero hacer estos cambios justo para poder cambiar mi situación económica”, explica la afectada, que no entienda que se le conceda un abogado de oficio, pero se la bloquee a nivel administrativo por la falta de medios en la administración pública, pues la mediación que necesita “no está cubierta por la justicia gratuita”. 

La abogada de Ana lo explica de manera minuciosa: “Quien va a decidir si admite a trámite la demanda de modificación de medidas y si el MASC que hemos practicado, que hay muchos tipos, le vale, es el LAJ (Letrado de Administración de Justicia) correspondiente. Y, en este caso, entiendo que nosotros no tenemos libertad de elección porque las partes ya han acordado, porque ahora la nueva ley lo que hace es intentar que todo se vincule un poquito a los acuerdos de las partes y demás, que, de necesitar un MASC como es el caso, no van a elegir ni enviar una oferta vinculante ni intento de negociación, sino que concretamente la mediación”.

“Me quedo desamparada y ellos sin poder hacer nada”, critica Ana, que reconoce la existencia de una vía donde sería necesaria la mediación familiar para la que necesita que la otra parte de su visto bueno para poder mediar, lo que obliga a la denunciante a juntarse con el denunciado que, no obstante, no tiene voluntad de permitir ese acuerdo. 

“Si yo solicito esa mediación familiar por parte de la Xunta y él se niega, tengo un documento que acredita que intenté mediar y, a partir de ahí, tener un pleito judicial. Pero no hay un sistema de mediación familiar y tampoco nada que mi abogado pueda hacer. Tengo la custodia bloqueada, no puedo cambiar ni mi situación ni mi economía y no hay nada que pueda hacer”. El embrollo es verdaderamente laberíntico y la impresión es que a cada paso que dan parecen retroceder dos, siempre de nuevo hasta la casilla de salida. 

Ana define su situación de “desesperación total” al verse absolutamente encasillada por un sistema que no le permite conciliar para poder trabajar y, a la vez, cuidar de su hija. “Mientras no pueda cambiar las condiciones de la custodia para que sea compartida ajustándose a una conciliación laboral, no puedo trabajar. Si no puedo trabajar, no tengo dinero. Si no tengo dinero, no puedo pagar al alquiler, la comida…me veo ahogada, asfixiadísima y sin opciones”. 

UN ACUERDO BUENO AL PRINCIPIO, PERO NO AHORA

El de Ana, no obstante, no es el caso más complejo, pues puedan darse situaciones donde haya parejas con ese régimen para la custodia donde sea precisa la mediación, pero con el agravante de que, por distintas cuestiones, una de las dos partes no quiera tener ningún tipo de contacto con su expareja. En el acuerdo de custodia compartida de Ana la menor es de carácter rotativo: pasa una semana con su madre y otra con su padre; en vacaciones quince días con cada uno. 

“Es bastante equilibrada”, reconoce la afectada, que también apunta que en el momento de aceptar las condiciones de la custodia su situación era “supervulnerable” e hizo todo tipo de equilibrismos para quedarse en A Coruña y residir cerca de su hija y que ella pudiese estar cerca de su padre. Eso, sin embargo, obligaba a los abuelos de la niña, que residen a muchos kilómetros de distancia de A Coruña, a desplazarse a la ciudad herculina para apoyar a Ana con los cuidados, pero esa alternativa ahora no es sostenible por la delicada salud de los padres de la mujer.

“Están fastidiados. Tienen su médico donde viven, tienen allí sus citas, la rehabilitación… No puedo contar con ellos y tampoco pueden hacer el esfuerzo de antes con una niña de 6 años y la actividad que tiene”, razona, obligada a conciliar en A Coruña, pero sin poder pagar a nadie para que cuide de su hija mientras ella trabaja y con un alquiler que le come prácticamente la mitad del sueldo. “Por mucho que exprima el dinero que me queda…es imposible. No puedo pagar a nadie”, lamenta, consciente de que cualquier esfuerzo económico a mayores de las facturas y la comida representa un mundo. 

A eso, hay que añadir la fatiga añadida del embrollo burocrático en el que se encuentra, que le provoca algún que otro dolor de cabeza, pues la cordialidad con su expareja también ha cambiado. “En su día no tuvimos a una mediación de custodia compartida porque ambos estábamos de acuerdo. A día de hoy eso no pasa. Le solicité algo tan básico como tener un padrón rotatorio de tres años en su casa y tres años en la mía. Yo he solicitado ayudas y me las han denegado por no tener a mi hija empadronada en mi casa. Y él se niega aunque lo avisé por activa y por pasiva. Él accede a ir a pleito y yo no tengo con quien mediar ni ayudas o recursos para hacerlo”, reitera.

BLOQUEADA

Su frustración es compartida por su propia abogada, porque la solución tampoco será ni mucho menos inmediata en un contexto de absoluto embotellamiento en los juzgados, lastrados por las huelgas de los últimos años y la falta de medos para acelerar la Justicia en España. “Necesito avanzar. Estoy atascada y no hay avances, porque va muy lenta. Todos mis documentos están bloqueados y no hay por dónde llevarlos”, añade.

Las administraciones tampoco aclaran quién tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho, pues desde el Colegio de Abogados de A Coruña depositan la responsabilidad en la Xunta, y la Xunta pasa también la pelota sin que nadie se haga cargo, rebotando a Ana de un lado a otro y, a parecer de la abogada, de manera que puedan decir que “se busca una solución, aunque solo de cara a la galería”. “Yo no fui, fue el otro. No, fue el de acá o el de más allá… Te mandan de una punta a otra. Y yo tengo reconocido el derecho al abogado de oficio por un tiempo determinado y una circunstancia concreta. El tiempo sigue corriendo y, si se agota este proceso, tengo que volver a solicitar la asistencia gratuita y volver a empezar”, teme la afectada ante un extremo que, aunque inusual, podría llegar a darse, pero tampoco de manera inmediata. 

“La Xunta hoy en día no cubre económicamente ningún MASC, no paga por ellos, no nos paga a los profesionales por hacerlo y tampoco tiene previstos ninguno desde el punto de vista de los usuarios”, abunda la abogada de Ana, pese a la obligatoriedad existente de que la Xunta, por ley, cuente con este recurso. Las opciones más baratas tampoco son adecuadas, porque anulan por tanto el reconocimiento de la asistencia gratuita si el afectado tiene que acabar pagando de su bolsillo e implicarían que fuesen los Colegios de Abogados los que tendrían que hacer las comunicaciones con un dinero que no percibirían los abogados encargados de redactar los escritos y acudir al MASC.

La togada, además, lamenta la situación en la que se encuentra su defendida, por la que ha movido cielo y tierra desde el primer minuto buscando soluciones, pero reconociendo que todo va más despacio de lo que le gustaría y que “los perjuicios que le traiga toda esta parálisis van a revertir en ella”.

“NO PUEDO SEGUIR VIVIENDO ASÍ”

A efectos prácticos, Ana no tiene esa justicia gratuita que le reconocen, porque su única salida es ir a nivel privado, alternativa que no puede asumir. “Gastarme 60 o 120 euros a mayores significa no llegar a fin de mes. Son los ahorros que tengo. Me es imposible”, acredita. 

Ana se abre a otras soluciones, como que el padre de la niña se quede con ella cuando Ana tenga que trabajar o con una manutención que le permita sufragar el gasto de los cuidados. Otra solución sería mudarse lejos de A Coruña, a casa de sus padres, “donde podría tener facilidades para la conciliación, la niña tendría colegio, otras facilidades…”. El problema, de nuevo, sería llevar a la niña lejos de su padre, algo que no contempla la custodia en los términos actuales. “Pero, ¿si no me da alternativas? ¿Qué hago? ¿Me quedo con una mano delante y otra detrás?”, cuestiona.

Lo que no valora de ninguna manera es renunciar ella a la custodia de su hija, por muchas zancadillas que encuentre en su camino (aunque, según el propio convenio, eso tampoco sería posible sin mediación). “No, de ninguna forma. No voy a renunciar a la custodia de mi hija porque la Justicia no tengan los recursos que exponene en sus convenios. No es cosa nuestra, es algo que ellos solicitan y que no me pueden exigir que yo lo pague cuando no puedo”, afirma sin dudar, aun sabedora del amargo proceso que le toca vivir. “Yo sé que mi situación es esta y no sé por dónde tirar. No puedo seguir viviendo así. Necesito una solución”.