Madre de acogida de un niño con discapacidad consigue asistencia tras amenazar con una huelga de hambre

Bastó con que una madre coruñesa anunciara que se pondría en huelga de hambre ante la delegación de la Xunta en A Coruña para que la administración autonómica encontrara en pocas horas la solución que durante más de un año había sido incapaz de articular. Carmen Villar, madre de acogida de B., un adolescente de 15 años con un 49% de discapacidad reconocida y dependencia severa, ha conseguido que su hijo se incorpore esta semana a un aula específica de un centro ordinario de A Coruña, con la promesa de una plaza de educación especial para septiembre.

La propia Villar definió este lunes el resultado como agridulce. Reconoció su satisfacción porque el menor retomará por fin la escolarización, pero se mostró muy crítica con el hecho de que hiciera falta llegar a ese extremo para que la Xunta tomara cartas en el asunto. Según sus palabras, recogidas por Europa Press, los 14 meses transcurridos sin que el chico pisara un aula han sido muy duros tanto para él como para su familia, y la decisión de recurrir a la protesta le causó un gran sufrimiento personal.

La Consellería de Educación y la de Política Social, a través de la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña, confirmaron que sus equipos técnicos se reunieron este lunes con Villar y acordaron una solución provisional para el menor.

14 MESES DE DESPROTECCIÓN

El historial del caso revela una cadena de fallos institucionales. El psiquiatra que atendía al menor había aconsejado un cambio de centro, y la familia llegó a visitar las instalaciones de Aspronaga, en A Coruña, donde no había plaza disponible. 

B. estuvo escolarizado durante los cursos 2023-24 y 2024-25 en el centro Agarimo de Arteixo, del que fue expulsado cautelarmente en febrero de 2025 porque el propio equipo educativo reconoció no disponer de los recursos necesarios para garantizar su seguridad ni la de sus compañeros. Tras esa expulsión, el joven fue trasladado temporalmente a un centro de protección de adolescentes en Lugo, del que también fue expulsado. 

En diciembre de 2025, un auto judicial estableció que el menor debía residir con su familia y asistir a un centro de educación especial. Sin embargo, en marzo de 2026, la Administración volvió a proponer su escolarización en Agarimo, el mismo centro que había reconocido por escrito carecer de los recursos personales, terapéuticos y de seguridad imprescindibles. Esa propuesta colmó la paciencia de la familia.

LA XUNTA DEFIENDE SU GESTIÓN

La Consellería de Educación había sostenido el domingo, antes de la reunión, que el caso estaba siendo atendido con toda la sensibilidad necesaria y buscando siempre el bienestar del menor. No obstante, no explicó por qué el chico llevaba más de un año sin escolarizar ni por qué se insistía en enviarlo a un centro que ya había reconocido sus carencias por escrito.

B. tiene, según su madre, una edad mental de entre tres y cuatro años pese a sus 15 años cronológicos, y lleva acogido por Villar y su pareja desde hace 12 años, aunque la tutela legal del menor corresponde a la propia Xunta de Galicia.