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Un grupo de jóvenes de las localidades bercianas de Ponferrada, Villafranca o Toral de los Vados explican a Galiciapress todos los motivos que llevan a la comarca a sentirse, en gran medida, más gallega que leonesa o castellana y leonesa. La relación cultural, el abandono por parte de la Junta o incluso la gastronomía son algunos de los puntos que han convertido a El Bierzo en una especie de provincia gallega fuera de Galicia. "Cuando un gallego y un berciano se conocen no existe ningún límite fronterizo, parecemos del mismo sitio y eso nos hace siempre conectar" 

La salida de Manuel Galdo de la secretaría de Presidencia provoca cambios en cascada en la jefatura de gabinete del presidente, en su jefatura de prensa e incluso en la jefatura de prensa del vicepresidente Alfonso Rueda.

Desde la administración argumentan que la convocatoria es "transparente" y respetuosa "con la legislación vigente", además de afirmar que los cargos de la Xunta mencionados en la denuncia no participaron " ni en el equipo evaluador ni en la comisión de selección". A su vez, subrayan que no se incumplió la reserva de plazas para personas con discapacidad y que los baremos utilizados para la evaluación de los opositores son los correctos. 

Opositores y el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia critican a la Xunta por un sistema de concurso-oposición ideado a beneficiar a los trabajadores interinos que aspiran a una plaza fija, algo que también suscitó quejas de las Xuventudes Socalistas. Los aspirantes critican que no cuentan los cursos que no sean de la EGAP y que la experiencia fuera de la Xunta cuenta "nada o casi nada". "Es un cachondeo", lamentan.

Esta medida solo será aplicable a las herencias entre familiares directos y solo aquella que de menos de un millón de euros. La Xunta sostiene que esta medida "beneficiará" al "99,9%" de los gallegos.

El Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Galicia (CEESG) ha organizado tres manifestaciones este lunes 14 de octubre en las ciudades de Santiago de Compostela, Ourense y A Coruña  para hacer público su descontento por las medidas del la Xunta. 

Las presiones de las autonomías han terminado por dar sus frutos a pesar de que España se ve abocada a unas nuevas elecciones generales. La parálisis política de estos últimos meses, que tenía retenidos miles de millones euros destinados a las cuentas de las Comunidades Autónomas,  finalmente serán abonados gracias a que Hacienda ha encontrado una fórmula para efectuar el pago. 

El Gobierno de Galicia participa esta semana en un seminario organizado por la USC titulado 'La conservación de grandes carnívoros en áreas de expansión: El caso del oso pardo en la Serra do Courel' semanas después de aprobar un proyecto eólico que pone en riesgo la vida de estos animales en la serra de O Oribio, perteneciente al espacio natural de Ancares-Courel.

La construcción de un parque eólico en la sierra de O Iribio, autorizado por la Xunta a pesar de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se aprobó hace 14 años, pone en peligro la rehabilitación del oso pardo en los montes lucenses en un espacio protegido. El proyecto, que viola varias leyes, ha provocado el nacimiento de la plataforma ‘Salvemos O Iribio’. 

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade realizó un análisis pormenorizado de la empresa proveedora el pasado 13 de agosto después de recibir la alerta por el lote de latas de atún presuntamente contaminado. Los resultados de la inspección a Frinsa del Noroeste y no registraron anomalías en el tratamiento para las conservas después de verificar los controles de producción y los procesos de esterilización.

Corina Porro, delegada de la Xunta en Vigo, compareció ante los medios vestida con la camiseta del Celta de Vigo y cargó contra el gobierno municipal liderado por Abel Caballero. Porro tildó de “chapuza” la reforma del coliseo celtiña plagada de “errores, sobrecostes, retrasos, y reformas de las reformas”. 

Los vecinos de Ons y Abel Caballero se han levantado en armas contra la candidatura propulsada por la Xunta de Galicia para declarar a la Illa de Ons, junto el resto de Illas Atlánticas, como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un título al que se oponen los vecinos que afirman no haber sido consultados previamente. 

El regidor vigués se mostró claro ante la posibilidad de que el ejecutivo gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, recorte partidas destinadas a los municipios gallegos en caso de que el Gobierno de España no desbloquee los 700 millones que reclama la Xunta. “Que ni se le ocurra quitar dinero a los ayuntamientos”, advierte el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP. 

La Xunta de Galicia, con motivo de una denuncia propulsada por el Ayuntamiento de Sada por el incumplimiento del régimen de visitas por parte de la familia Franco y a través de la Consellería de Cultura e Turismo, ha abierto diligencias informativas a la familia Franco en relación a las visitas obligadas al Pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural, que deben ser cuatro al mes por lo menos. 

El alcalde de Vigo, Abel Caballero confirmó este martes que remitirá una carta al presidente Feijóo con el fin de reclamar a la Xunta que participe "en la misma medida que Ayuntamiento y Diputación" en la remodelación de la grada de Marcador del estadio municipal de Balaídos, lo que supondría un desembolso de 5 millones para el gobierno gallego, la misma cifra que aportan el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra. . 

Pese al elevadísimo número de opositores que acudieron a las recientes oposiciones de la Consellería de Educación, un 19% de las plazas acabaron sin adjudicar. Algunos aspirantes y el principal sindicato del sector creen que el Gobierno infló artificialmente las plazas convocadas para poder presumir de una gran oferta de empleo público.

El edificio señorial, en manos la familia Franco, está más cerca que nunca de ser recuperado como patrimonio público después de la demanda presentada contra la familia Franco en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña por parte de la Abogacía del Estado. En el escrito se reclama la propiedad del inmueble para el Estado, alegando que su adquisición por parte de los Franco fue "simulada y fraudulenta", su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.