Policía autonómica al límite, retirada de agentes en sedes institucionales mientras la Xunta culpa a Interior
La falta de agentes está sumiendo a la Unidad de Policía Adscrita a la Xunta de Galicia (Policía Autonómica) en una reducción de su operatividad. Así, la Xunta ha retirado efectivos del Parlamento y San Caetano que serán reemplazados por seguridad privada. El ejecutivo gallego culpa al gobierno central de no preocuparse de enviar más agentes. Por su parte, algunos sindicatos señalan que no aceptarán cambiar sus actuales condiciones que supondrían rebajar el nivel de formación y capacitación y, por ende, salarial.
La Unidad de Policía Adscrita a la Xunta de Galicia (UPA), conocida popularmente como Policía Autonómica, atraviesa una fuerte crisis de personal desde su creación en 1991. Esto ha forzando a la Administración gallega a implementar un drástico reajuste operativo. La medida, que ha generado fuerte controversia sindical, implica la retirada de una parte de los agentes destinados a la seguridad del Parlamento de Galicia y la sede de la Xunta en San Caetano. El objetivo oficial de esta maniobra es reorientar los efectivos disponibles hacia tareas consideradas esenciales, priorizando especialmente la protección de víctimas de violencia machista (Viogen). Sin embargo, la Xunta de Galicia no duda en señalar al Gobierno central como único responsable, acusando al Ministerio del Interior de ignorar durante años las peticiones para reforzar la plantilla.
FALTA DE RECURSOS HUMANOS
Según el ejecutivo autonómico presidido por Alfonso Rueda, ya se habría advertido previamente al Gobierno central de que, ante la "falta de pronunciamiento", se vería obligado a realizar "reajustes internos" que "no eran deseados" pero sí "imprescindibles". Según la Xunta, la plantilla sufre un déficit actual de 155 agentes. Esta cifra se suma a la denuncia de fuentes cercanas al sindicato SUP (Sindicato Unificado de Policía) que cifran el déficit en 140 asientos vacantes.
La gravedad de la situación se mide en el contraste entre el personal actual y el teórico. La relación de puestos de trabajo (RPT) en la UPA contempla un total de 560 efectivos. El pico más alto de la unidad se registró en 2013, con 474 agentes. A día de hoy, esa cifra se ha desplomado hasta los 342 agentes. El SUP va más allá de la RPT y asegura que la unidad adscrita debería contar con más de 600 agentes argumentando la expansión de sus competencias.
Los actuales problemas habrían empezado a gestarse hace más de una década. El Ministerio del Interior lleva 12 años sin convocar plazas (concurso de méritos) para cubrir las vacantes en la Policía Autonómica, penalizando a una gran cantidad de agentes de toda España que desean incorporarse a la unidad gallega.
Las fuentes sindicales consultadas por Galicia Press señalan que la UPA en Santiago de Compostela ilustra el impacto de este vaciamiento. "Si antes salían cinco patrullas de medio ambiente por la mañana y cinco por la tarde, de lunes a viernes, ahora están saliendo una de mañana y a veces media de tarde si hay personal". Esto afecta a vastas áreas dentro de la jurisdicción de la UPA y que incluyen zonas como Barbanza, Outes, Rodeiro y la comarca de Santiago.
Para paliar esta situación, la Xunta de Galicia ha tenido que recurrir a una solución económica extraordinaria. La Administración autonómica destina partidas presupuestarias para retribuir servicios extraordinarios. Estos son cubiertos por agentes que se apuntan voluntariamente en sus horas libres, asegurando así la cobertura de servicios críticos como la prevención e investigación de incendios.
¿PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD?
La respuesta de los sindicatos ha sido contundente. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresó su "rechazo frontal" a la reubicación de agentes, advirtiendo que la retirada de los mismos de las sedes institucionales, especialmente del Parlamento, obligará a reforzar la seguridad mediante empresas privadas. El SUP lamenta que esta decisión pueda interpretarse como una privatización de la seguridad institucional gallega.
Sin embargo, el punto de fricción más complejo en la negociación con el Ministerio radica en la propuesta de convenio que toma como modelo el recientemente firmado entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, publicado en el BOE. El SUP en Galicia y la Xunta se oponen firmemente a ese acuerdo.
La razón fundamental de la oposición es la catalogación del personal. El convenio andaluz, que busca incrementar la plantilla de la UPA andaluza hasta 632 efectivos en 2029, lo hace bajo un esquema donde la mayor parte de los agentes se clasifican simplemente como "Personal Operativo Unidad Adscrita" (570 efectivos sobre un total máximo de 725).
Desde el SUP explican que este modelo es "inapropiado para Galicia" y representa una visión obsoleta que data de la creación de la unidad adscrita gallega en 1991. En aquel entonces, los agentes figuraban casi todos “como seguridad". Sin embargo, la UPA gallega ha experimentado una profunda evolución funcional.
Actualmente, la Policía Autonómica de Galicia abarca un amplio espectro de competencias que requieren especialización, incluyendo Viogen (Violencia de Género), investigación de incendios forestales, medio ambiente y furtivismo, protección de menores, funciones de Policía Judicial y Científica y funciones de sala (Control Room).
La clave del conflicto está en que de aplicarse un convenio como el andaluz, que califica a todos como personal operativo, se estaría obviando el carácter especializado de la UPA gallega. Esta clasificación no es solo una cuestión nominal; tiene un impacto directo en las retribuciones. La explicación es que ser calificado solo como "personal operativo" se traduce en un sueldo mensual (nómina) ligeramente inferior al de sus compañeros en las comisarías generales. No obstante, compensan esto con una productividad trimestral más alta, debido a la valoración por parte de la Xunta de los servicios específicos que realizan y que no existen en una comisaría convencional (como medio ambiente o investigación de incendios).
La postura dentro de la UPA gallega es que en caso de un nuevo convenio se debe reflejar la realidad del cuerpo autonómico y actualizar su catálogo de puestos, reconociendo las distintas áreas de especialización. Por otra parte, la Xunta acusa a la falta de voluntad del Ministerio para negociar y reconocer la evolución de esta unidad, lo cual la mantiene en una situación que muchos califican de "gravísima". Es por eso que se quiere llamar la atención de Interior para convocar un concurso de plazas para tener el número de agentes necesarios.
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