La denuncia de CSIF apunta a que el personal trabaja en un contexto de riesgo constante, con visitas domiciliarias en solitario, muchas de ellas en entornos rurales aislados. Según el sindicato, la ausencia de medidas de protección expone a las trabajadoras y trabajadores a situaciones de vulnerabilidad, que en ocasiones se traducen en conflictos con familiares o con los propios solicitantes de la valoración.

El personal encargado de valorar la dependencia en Galicia depende directamente de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social e Igualdad. En Galicia existen siete órganos de valoración de la dependencia, dependientes de las cuatro jefaturas territoriales (A Coruña, Lugo, Ourense, y Pontevedra). Cada equipo de valoración está formado por al menos un médico, un psicólogo, un trabajador social y, en ocasiones, un terapeuta ocupacional, tal como se estipula en la normativa autonómica vigente. 

Riesgos laborales y largas jornadas

Uno de los aspectos señalados con más preocupación es el de los largos desplazamientos diarios, que en no pocas ocasiones superan los 200 kilómetros en una jornada. El sindicato explica que estos recorridos se realizan tanto en vehículos oficiales como en los particulares de los profesionales, sin que existan mecanismos de control ni medidas específicas que garanticen la seguridad en carretera. A ello se suma la exposición a condiciones meteorológicas adversas en Galicia, que pueden dificultar el acceso a viviendas y zonas rurales.

El trabajo físico también conlleva riesgos importantes. El colectivo se enfrenta de manera habitual a cargas ergonómicas, posturas forzadas y movimientos repetitivos en espacios reducidos de domicilios, lo que incrementa las probabilidades de sufrir trastornos musculoesqueléticos. Pero además, la denuncia subraya que la sobrecarga de tareas y la presión por cumplir objetivos provoca un aumento de los problemas psicosociales, incluyendo ansiedad, estrés y agotamiento emocional.

CSIF alerta de que no existe una evaluación de riesgos específica ni protocolos de actuación claros para este tipo de trabajo. Reclama que la Administración de la Xunta de Galicia dote al personal de equipos de protección individual como botones del pánico, dispositivos de geolocalización, sprays de defensa homologados, así como la posibilidad de recibir formación en conducción segura y defensa personal. El sindicato añade que incluso el parque móvil disponible está obsoleto, sin adaptaciones ni condiciones adecuadas para los largos desplazamientos.

Incentivos que generan horas extra encubiertas

Otro de los puntos conflictivos que denuncia CSIF es la introducción de un sistema de incentivos económicos por parte de la Administración. Según el sindicato, se ofrece 150 euros por cada seis valoraciones adicionales a la semana, lo que en la práctica obliga a los técnicos a realizar horas extraordinarias sin registro ni cobertura legal. Esta dinámica, advierte CSIF, vulnera la normativa laboral y de prevención de riesgos, ya que el exceso de jornada se realiza fuera del horario oficial y con una sobrecarga añadida que impacta directamente en la salud del personal.

Desde la organización sindical sostienen que este sistema no solo contraviene los estándares legales, sino que además perjudica la calidad del servicio de valoración de la dependencia, al priorizar la cantidad sobre la atención precisa y personalizada que requiere cada solicitante.

Exigencias a la Xunta de Galicia

Ante esta situación, CSIF reclama a la Xunta la adopción inmediata de medidas preventivas y de seguridad, con el objetivo de garantizar las condiciones mínimas para que los técnicos puedan realizar su labor con garantías. Entre las medidas urgentes, el sindicato pide:

• La elaboración de una evaluación de riesgos específica adaptada al trabajo itinerante y en domicilios.
• La implantación inmediata de protocolos de seguridad para las visitas, incluyendo actuaciones en casos de agresión verbal o física.
• El reconocimiento legal de cualquier exceso de jornada, contabilizando las horas adicionales como extraordinarias y remunerándolas conforme a la normativa.
• El refuerzo de medios humanos y técnicos, con la contratación de más profesionales y la dotación de recursos adecuados.

CSIF subraya que la protección del personal es esencial para garantizar un servicio de calidad a las personas dependientes, que son las auténticas destinatarias de este trabajo. La falta de apoyo institucional, asegura el sindicato, repercute de manera directa en la capacidad de atención a los usuarios más vulnerables de la sociedad gallega.

CSIF informa que dará seguimiento a esta denuncia y trasladará a la opinión pública los resultados de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, así como las medidas concretas que adopte la Xunta para responder a este conflicto laboral.