El conflicto en los buses de A Coruña entra en una nueva dimensión: impugnan el convenio de eficacia limitada

El conflicto en el sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña sigue lejos de resolverse. De hecho, a cada día que pasa y sin novedades en el frente negociador, parece todavía más lejana la posibilidad de una solución y más próximo el reinicio de las protestas. La única salida hasta ahora, después de que las asambleas de trabajadores tumbasen el preacuerdo alcanzado en un primer momento entre UGT, CC.OO. y la patronal, parecía la propuesta de UGT de aplicar un convenio de eficacia limitada, disponible hasta el 1 de mayo para todos los trabajadores que se quisieran adscribir al mismo. No obstante, ahora incluso esa alternativa parece tambalearse.

"IMPUGNACIÓN JUDICIAL"

Lo hace después de la decisión de la CIG, el sindicato que se ha mantenido más firme en su 'No' a la oferta de los empresarios, de impugnar el convenio de eficacia limitada. El sindicato gallego tomó esa determinación después de las asambleas celebradas esta semana con el personal de A Coruña, Santiago y Ferrol.

"La CIG ya está preparando la impugnación judicial de este pacto y pondrá en marcha todas las acciones legales y sindicales precisas para que la negociación del próximo convenio colectivo se desarrolle con todas las garantías, para revertir los recortes, avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y conquistar nuevos derechos para el sector", declaraban desde el sindicato en una nota tras la celebración de las asambleas.

En la misma, exponen que existen "múltiples irregularidades cometidas en el proceso de mediación" que motivan esta decisión de la central sindical. "El personal considera, al igual que la CIG, que este pacto constituye un fraude porque se firmó cuando la mediación todavía estaba abierta, porque se vulneró la libertad sindical al no intentar nunca una negociación con la totalidad de la mesa, sino solo con la UGT, y porque supone un ataque directo a las expectativas de las trabajadoras y trabajadores de alcanzar un convenio digno y estatutario, al imponérsele un texto que fue rechazado en referéndum por el 70% del colectivo en votación", reprochan desde la CIG. 

TRES POSTURAS ENFRENTADAS EN LOS SINDICATOS

En esa línea, el representante de la CIG, Ernesto López, recalca la "mala fe" con la que tanto UGT como la patronal actuaron en este proceso, acusándolos de "boicotear la mesa negociadora" dejando a un lado a una mayoría sindical representada por la CIG y CC.OO., sindicato que, si bien en un primer momento se inclinaba por el acuerdo, tras la consulta a sus afiliados se posicionó en el 'No' al texto en los términos actuales, después de pedir a los empresarios la revisión y modificación de una serie de clausulas, solicitud que no fue atendida. 

Después de ese movimiento, la CIG hizo un llamamiento a Comisiones para una unidad de cara a reiniciar las negociaciones, conscientes de que juntos representan a un 63% del sector, haciendo fuerza ante UGT que ha cometido, según dice el sindicato nacionalista, "un atentado a la libertad, pero también una falta de respeto al Consejo Gallego de Relaciones Laborales y a su función mediadora". 

No obstante, por ahora CC.OO. no ha recogido el guante, un gesto que tampoco ha gustado a una CIG que la considera "una pieza útil" para la patronal, porque "no permitió una alternativa y facilitó que se castigue a las personas trabajadoras con un pacto de eficacia limitada".

Así, para la CIG el acuerdo de eficacia limitada es una forma de "imponer mediante este tipo de pacto" un texto que, en sí, "es un acto de crueldad contra el sector por no tragar con más recortes y por demostrar una capacidad de lucha, organización y unidad ejemplar".