Estos son los alcaldes que pasan del examen obligatorio por ley del Consello de Contas

El conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, entregó este viernes al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el informe de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales gallegas correspondiente al ejercicio 2024. 

El documento radiografía un sector público local formado por 438 entidades —313 ayuntamientos, 4 diputaciones, 34 mancomunidades, 9 entidades locales menores y organismos autónomos, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones— y dibuja un panorama de cumplimiento desigual, con algunos municipios acumulando varios años consecutivos sin presentar su documentación contable, como es su obligación legal.

Así, a la fecha de cierre del informe, el 5 de marzo de 2026, un total de 22 entidades locales —el 6% del conjunto del sector— no habían entregado su cuenta general correspondiente al ejercicio 2024. Seis de ellas son ayuntamientos: Ourense, Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois y otras dos entidades locales menores —Bembrive y Vilasobroso— .

Las catorce restantes son mancomunidades: Aguas de Rua-Petin, Aguas de los Ayuntamientos de Carnota y Muros, Comarca Compostela, Ayuntamientos Serra do Barbanza, Intermunicipal Voluntaria da Baixa Limia, Ribeira Sacra, Servicios Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de Pontevedra y Sanxenxo, Terras del Navea-Bibei, Vales do Ulla e Umia, Xallas-Tines-Tambre, Ayuntamientos Galegos do Camiño Francés, O Carballiño-Maside, Ayuntamientos do Tambre y Terras de Pontevedra Dinamización Producto Turístico. Ninguna de estas entidades ha hecho declaraciones públicas al respecto por ahora.

Hay que tener cuatro mancomunidades —Baixa Limia, Ribeira Sacra, Pontevedra y Sanxenxo, y Xallas-Tines-Tambre— arguyen que no tienen actividad para justificar la no presentación de sus cuentas, argumento que el Consello de Contas rechaza expresamente, recordando que la obligación persiste mientras la entidad conserve su personalidad jurídica.

El problema no es nuevo ni aislado. El informe constata que todavía están pendientes de recibirse 12 cuentas del ejercicio 2023, 10 del ejercicio 2022 y 11 del ejercicio 2021, con lo que el organismo fiscalizador advierte de "importantes niveles de reiteración en el incumplimiento". Seis mancomunidades —Aguas de Rua-Petin, Aguas de los Ayuntamientos de Carnota y Muros, Comarca Compostela, Ayuntamientos Serra do Barbanza, Terras do Navea-Bibei y Vales do Ulla e Umia— llevan cuatro ejercicios consecutivos sin rendir cuentas. En el caso de las entidades locales menores, Bembrive acumula también cuatro ejercicios sin presentar la documentación, mientras que Vilasobroso tiene pendientes los ejercicios 2024 y 2020.

Consecuencias sin persecución penal

El Consello de Contas es el órgano estatutario de control externo del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia. Su función principal es fiscalizar la gestión económica, financiera y contable de las entidades públicas gallegas y elevar sus conclusiones al Parlamento. Sin embargo, sus competencias son de naturaleza fiscalizadora y de control, no sancionadora ni penal: el organismo no tiene capacidad para perseguir criminalmente a los responsables políticos o técnicos que incumplan la obligación de rendir cuentas. Puede, eso sí, remitir sus conclusiones a la fiscalía. 

En todo caso, como no es un delito pasar del Consello de Contas, muchos alcaldes y mandatarios locales pasan de cumplir con su obligación legal.

Lo que sí contempla el ordenamiento jurídico son consecuencias administrativas y económicas para las entidades incumplidoras. Es decir, son los ciudadanos los que pueden acabar pagando el pato. 

Desde 2007, y de manera más sistemática desde el Decreto 193/2011, la Xunta de Galicia exige que las entidades locales hayan cumplido con la rendición de cuentas ante el Consello de Contas como requisito previo para acceder a subvenciones autonómicas. 

En la práctica, esto supone que un ayuntamiento o mancomunidad que no haya presentado sus cuentas en plazo puede quedarse fuera de convocatorias de financiación de la Comunidad Autónoma. El propio informe, no obstante, señala que esta regulación "ha mostrado limitaciones que aconsejan su modificación para garantizar el cumplimiento pleno" de la obligación.  Es decir, hasta la fecha nadie se ha quedado sin subvención por incumplir la ley, algo que no estimula a su cumplimiento, precisamente.

Finanzas comprometidas y presupuestos tardíos

Más allá del problema de la rendición, el informe identifica 17 ayuntamientos y una mancomunidad en situación financiera "comprometida", al registrar cifras negativas tanto en el remanente de tesorería como en el ahorro neto del ejercicio, lo que "puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes". Se trata de los municipios de A Cañiza, A Pobra de Trives, Boborás, Calvos de Randín, Cambados, Catoira, Cuntis, Guntín, Malpica de Bergantiños, Meira, Pol, Ribadeo, Salceda de Caselas, Trabada, Vilasantar, Viveiro y Xunqueira de Ambía, así como de la Mancomunidad da Comarca de O Carballiño. Adicionalmente, 86 entidades locales incumplen con la estabilidad presupuestaria, lo que evidencia que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del ejercicio.

El ciclo presupuestario presenta también importantes deficiencias. Solo 86 entidades —apenas el 26% de las que remitieron la cuenta general— aprobaron su presupuesto dentro del plazo legalmente establecido. Para el Consello de Contas, esta demora sistémica desnaturaliza el presupuesto como herramienta de planificación y evaluación de las políticas públicas. En el lado positivo, el endeudamiento financiero por habitante se sitúa en 191 euros, el nivel más bajo entre todos los sectores locales de las comunidades autónomas españolas.

En conjunto, el 94% de las entidades locales gallegas —338 sobre 360— presentaron su cuenta general del ejercicio 2024, y el 72% lo hicieron dentro del plazo previsto en la normativa. Un cumplimiento mayoritario que, sin embargo, convive con bolsas persistentes de incumplimiento reiterado que el organismo fiscalizador lleva años documentando sin que las herramientas disponibles hayan logrado erradicarlo.