Estudiantes paran el 15 de abril contra Abanca y su universidad: "La pública se hunde mientras crece la privada"

El próximo miércoles 15 de abril, los centros educativos de toda Galicia se enfrentarán a una jornada de huelga estudiantil convocada por Erguer. Estudantes da Galiza. La movilización abarca todos los niveles de enseñanza y prevé concentraciones en las siete ciudades gallegas: Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo y Ourense. El motivo central es la denuncia de lo que la organización define como una privatización planificada y acelerada del sistema educativo gallego, que respondería a intereses económicos y políticos en detrimento de las clases populares.

La convocatoria no surge de la nada. Erguer lleva desde el inicio de este curso impulsando una campaña bajo el lema Prívannos dun futuro, con la que ha recorrido institutos, centros de FP y campus universitarios. En noviembre, Lucas Pardo, portavoz nacional de la organización, alertaba de que la ofensiva privatizadora del Gobierno de la Xunta se había vuelto especialmente agresiva en los últimos tiempos y afectaba de manera diferencial a los estudiantes de las clases populares y a colectivos más vulnerables, como los que tienen necesidades específicas de aprendizaje.

La Consellería de Educación, dirigida por Román Rodríguez, no se ha pronunciado específicamente sobre la huelga del 15 de abril. El conselleiro sí presentó la semana pasada ante el Parlamento gallego los presupuestos para el próximo ejercicio, que ascienden a 3.090 millones de euros —apenas un 1,5% más que en 2025— e incluyen la convocatoria de unas 1.500 plazas docentes. Fuentes del departamento señalaron que el incremento en la partida de personal ha superado los 160 millones desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT. Sin embargo, las tres centrales han llevado a los tribunales ese mismo pacto por supuestos incumplimientos.

CONTRA LA PRIVADA

La cuestión universitaria es quizás la que más tensión ha acumulado en los últimos meses. Galicia cuenta con tres universidades públicas —USC, UDC y UVigo— que según sus propias rectoras no alcanzan el 1% de inversión sobre el PIB que exige la Ley de Universidades. A ese contexto de infrafinanciación se suma la expansión de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por ABANCA y autorizada por la Xunta en 2022 como primera institución universitaria privada de la comunidad. En diciembre de 2024, el Gobierno gallego le dio luz verde para ofrecer el grado en Derecho —una titulación ya presente en las tres universidades públicas—, una decisión que fue criticada por el BNG, por sindicatos como CIG y CSIF, y por los propios claustros públicos, al entender que podría vulnerar la normativa que prohíbe duplicidades en la oferta académica.

A eso se añade la pretensión de CESUGA de inaugurar el curso 2026-27 con la denominada Universidad Emilia Pardo Bazán en A Coruña, que sería la segunda universidad privada de Galicia. El proyecto, respaldado por empresarios como Ignacio Rivera (Hijos de Rivera) y Constantino Fernández (Altia), recibió un informe desfavorable del Ministerio de Ciencia hace más de un año. La Xunta, a quien corresponde decidir, no ha tomado postura. El rector de la UDC, Ricardo Cao, rechazó la autorización de centros privados que cuentan con informes negativos, mientras que el BNG ha pedido formalmente al Gobierno gallego que bloquee el proyecto.

El propio sindicato CIG-Ensino ha señalado que la plantilla docente en la enseñanza no universitaria lleva cuatro años congelada en 30.424 profesores, con un 33% de las plazas desiertas en las últimas oposiciones. La organización denuncia que Galicia tiene el peor horario lectivo en secundaria, FP y régimen especial de toda España.

EL CASO DE LA FP

En la Formación Profesional, Erguer apunta al reciente Decreto Gallego de FP como la muestra más evidente del modelo privatizador. El texto, aprobado sin consenso con el profesorado según los convocantes, introduce la figura de los docentes asociados procedentes de empresas y potencia los ciclos acelerados orientados a la demanda del mercado laboral. El sindicato CIG-Ensino ha denunciado que la apuesta de la Xunta por la FP Dual ha disparado a 500 horas las prácticas externas, lo que equivale a casi un mes menos de clase sin revisión de contenidos. Mientras tanto, centros como el CIFP Manuel Antonio de Vigo —uno de los mayores del país— arrastran un déficit estructural que les impide acometer obras básicas.

En la enseñanza media, la situación no es muy distinta. Las ratios en las aulas siguen siendo las mismas que antes de 2009, sin que se haya producido un incremento real en las contrataciones de profesorado. Erguer subraya que en el último año han cerrado siete centros públicos, mientras la red concertada y privada no deja de crecer.

Más allá de las aulas, la organización denuncia que la crisis de vivienda dificulta el acceso a los estudios superiores. El cierre del Colegio Mayor San Clemente en la USC ha supuesto una pérdida de plazas residenciales públicas en Santiago mientras los alquileres siguen subiendo. La situación es similar en Vigo y A Coruña. A eso se une un transporte interurbano —con Monbús como operador hegemónico en carretera— que los estudiantes consideran deficiente y excluyente para quienes viven en el rural.

Las demandas de Erguer incluyen una Ley Gallega de Educación elaborada con la comunidad educativa, la paralización de la expansión universitaria privada, la recuperación de los horarios lectivos previos a 2011, la bajada de ratios, la ampliación de residencias públicas y la supresión de tasas universitarias.