Madre en huelga de hambre logra que la Xunta dé educación especial pública a su hijo

Carmen Villar Freire consiguió en un solo día lo que no pudo obtener en catorce meses: una plaza escolar para su hijo de acogida de 15 años con un 49% de discapacidad reconocida. La amenaza de iniciar una huelga de hambre ante la Delegación de Educación en A Coruña bastó para que la Xunta reaccionara y ofreciera una solución provisional que la propia familia califica de agridulce.

El desenlace llegó el mismo lunes en que Villar tenía previsto instalarse frente al edificio administrativo de la Consellería de Educación en A Coruña sin probar bocado. Allí llegó con un cartel colgado al cuello que ponía "Por una escolarización adecuada para B. En huelga de hambre". Equipos de Educación y de Política Social de la Delegación Territorial de la Xunta se reunieron con ella y alcanzaron un acuerdo de urgencia: el menor se incorporará esta misma semana a un aula específica dentro de un centro ordinario de A Coruña, con el compromiso de que en septiembre contará con una plaza en un centro de educación especial. Esto supone un cambio de criterio de la Administración, pues la Xunta alegó ayer que ya se atendía "debidamente" a Villar y su hijo.

Carmen Villar: "Hemos llegado, por lo menos, a una solución provisional"

"Es una sensación agridulce. Estoy contenta porque el niño va a poder ir al cole, pero es muy lastimoso tener que llegar hasta aquí para que tomen en consideración el problema", declaró Villar a Europa Press. La madre reconoció que la decisión de recurrir a una medida tan extrema le había "provocado mucho sufrimiento", pero consideró que no tenía otra salida después de 14 meses de espera e insistencia. 

La Consellería de Educación confirmó el acuerdo en un comunicado en el que señaló que la solución adoptada es de carácter provisional. El departamento no hizo valoraciones adicionales sobre la gestión del caso ni explicó por qué no se había dado antes una respuesta semejante.

Por su parte, Manaia, Asociación Galega de Adopción e Acollemento, explica que "o acordo chegou ca escolarización de B. nunha praza especial para o que queda de curso e a proposta de tentar que teña unha praza en educación especial no curso que ven". El colectivo da las "gracias" a las personas que se acercaron a la Delegación de Educación en A Coruña en apoyar a la madre de acogida.

Catorce meses sin escolarización y una expulsión como detonante

El origen del conflicto se remonta a febrero de 2025. Según relató ayer Villar,  B., identificado solo por su inicial, había estado escolarizado durante los cursos 2023-24 y 2024-25 en el centro Agarimo, en Arteixo, un centro de educación especial concertado donde, según relató su madre de acogida, conviven menores con perfiles muy distintos. 

El propio equipo educativo del centro reconoció ante la familia una falta de medios que fue agravando la situación hasta desembocar en una serie de incidentes. En febrero de 2025, la dirección acordó la expulsión cautelar del joven por motivos de seguridad, argumentando que no podía garantizar la integridad ni del propio menor ni de sus compañeros ni del personal.

Desde entonces, B. no volvió a pisar ningún centro. Durante ese periodo, fue trasladado temporalmente a un centro de protección de adolescentes en Lugo, del que también fue expulsado. Cada semana que pasaba suponía, en palabras de su familia, un retroceso mayor en su desarrollo. El menor, que cuenta con un grado de dependencia severo, fue acogido de forma permanente por Villar y su pareja hace doce años y está además bajo tutela de la propia Xunta de Galicia, lo que añade una dimensión institucional especialmente delicada al caso. "Mi hijo tiene una edad cronológica de 15 años, pero mental de tres o cuatro", señaló Villar.

Un auto judicial que quedó en papel mojado

La situación no era desconocida para la Administración. En diciembre de 2025, un auto judicial estableció que el menor debía residir con su familia y asistir a un centro de educación especial, pero la resolución no se materializó en ninguna medida efectiva. En marzo de 2026, la Xunta volvió a proponer su escolarización en el mismo centro de Arteixo del que había sido expulsado, a pesar de que ese centro había reconocido por escrito no disponer de los recursos necesarios para atenderlo.

Esa propuesta fue la que colmó la paciencia de Villar. La familia denunciaba encontrarse en una situación de desprotección institucional: un menor tutelado por la Administración, con una orden judicial que ordenaba su escolarización, sin que ningún organismo tomara medidas concretas durante más de un año.

La Xunta defendía que el caso estaba "debidamente atendido"

Horas antes de que se alcanzara el acuerdo, la Consellería de Educación había difundido una nota en la que aseguraba que el caso de B. estaba siendo "debidamente atendido por parte de los técnicos de la Xunta de Galicia, con toda la sensibilidad que requiere". Las mismas fuentes afirmaban que el menor se encontraba escolarizado en el centro Agarimo y que, ante la necesidad de un cambio, se le había propuesto el Centro de Educación Especial O Pedroso, presentado como el recurso público de referencia para menores con problemas graves de conducta que requieren medidas extraordinarias de seguridad.

La Consellería descartó también los otros dos centros que la familia había solicitado: el concertado Aspronaga, por falta de plazas y por no ajustarse a las necesidades del menor, y el Centro de Educación Especial María Mariño, de titularidad pública, por no estar adaptado al perfil específico de B. Sin embargo, esa argumentación no se tradujo en ninguna alternativa efectiva hasta que Villar anunció públicamente su protesta.

El desenlace del caso de Carmen Villar pone de manifiesto la dificultad que enfrentan las familias que acogen a menores con discapacidades severas y perfiles complejos cuando los recursos del sistema de educación especial resultan insuficientes o inadecuados. La solución alcanzada es provisional: una plaza en un aula específica hasta septiembre. Será entonces cuando se sabrá si el compromiso de la Xunta se traduce en una escolarización estable y adaptada a las necesidades reales del menor.