Ence choca miles alegaciones contra la planta de biogás a partir de purines de Xunqueira pese a prometer que no olerá

La tensión larbada desde hace meses se hizo evidente esta semana tras conocerse que la plataforma vecinal 'Macroplanta Biogás na Limia NON' ha logrado registrar más de 1.600 alegaciones contra el proyecto en apenas unas semanas. 

Este volumen de oposición, entregado en la Subdelegación del Gobierno y el propio concello, supera, según los veccinos, con creces las expectativas iniciales y evidencia que la alarma social se ha extendido más allá de los límites municipales de Xunqueira, implicando a vecinos de Sandiás, Allariz o Xinzo. 

La organización civil ha logrado cubrir lo que denominan un "vacío de información", articulando una respuesta técnica y social frente a una tramitación que muchos consideran opaca.

En el centro de la diana política se encuentra el gobierno municipal de Xunqueira de Ambía, liderado por el Partido Popular, cuya posición es observada con lupa por sus vecinos. Aunque el Concello ha presentado un escrito de alegaciones, la plataforma opositora lo considera insuficiente, argumentando que no cuestiona la viabilidad ambiental de la planta ni exige la denegación de permisos, limitándose a correcciones puntuales. Esta postura ambivalente de la administración local contrasta con la exigencia vecinal de una paralización total, generando un clima de desconfianza hacia el Ayuntamiento.

Promesas de inversión y tecnología frente al miedo ambiental

Por su parte, la compañía pastera y energética Ence, a través de su filial Biofertilizantes y Biometano Sertogal Xunqueira, defiende, en declaraciones remitidas a Galiciapress, la solidez técnica de su propuesta, cifrada en una inversión de 25 millones de euros. 

Desde la empresa subrayan que la planta no solo creará empleo —estimando unos 80 puestos de trabajo directos e indirectos durante la operación—, sino que llega para resolver el grave problema de gestión de purines que asfixia a los ganaderos de la zona. Su argumento principal es que transformarán un residuo problemático en recursos valiosos: biometano para la red de gas y biofertilizante orgánico seco.

Uno de los puntos más controvertidos del debate es el destino de los desechos procesados. Ence asegura categóricamente que en ningún caso se aplicará digestato líquido directamente al campo, una práctica habitual en otras plantas que suele generar rechazo por la contaminación de nitratos. La compañía promete incorporar una planta de producción de fertilizante seco de alta calidad, lo que, según sus técnicos, favorecería la desnitrificación de los acuíferos al evitar el vertido incontrolado de purines, cerrando el ciclo de manera sostenible y controlada.

Para combatir el miedo a los olores, una queja recurrente en instalaciones similares en el resto de España, la empresa ha detallado un modelo de operación diferencial. Aseguran que todo el proceso se realizará en naves cerradas y depósitos estancos, utilizando sistemas avanzados de filtración de aire para garantizar la ausencia de emisiones olfativas. 

Además, prometen evitar el tránsito de camiones por los núcleos urbanos, intentando así mitigar el impacto en la vida diaria de los vecinos. Sin embargo, estas garantías tecnológicas no logran calmar la inquietud local, que ve en la magnitud del proyecto un riesgo demasiado alto para su calidad de vida.

La sombra de la contaminación en el entorno de A Antela

Las cifras del proyecto enarboladas por ENCE son las que, paradójicamente, sirven de munición para sus detractores: la planta tendría capacidad para valorar entre 140.000 y 166.000 toneladas anuales de biomasa. Para la plataforma vecinal, este volumen industrial es desproporcionado y conlleva riesgos severos para la salud pública y el medio ambiente. Advierten que la ubicación elegida es crítica, situándose en los lindes de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de A Limia y cerca de la Lagoa de Antela, un espacio que forma parte de la Rede Natura 2000 y que lleva años luchando por su recuperación ecológica.

El contexto hidrológico es otro factor determinante que agrava la polémica. A Limia es una comarca que sufre desde hace años problemas crónicos de contaminación de aguas por nitratos derivados de la ganadería intensiva, estando pendiente de ser declarada oficialmente como Zona Vulnerable. Los opositores temen que la planta, lejos de solucionar el problema, lo agrave mediante posibles vertidos o fugas en un área que es geológicamente inundable. El BNG y otros colectivos ecologistas han señalado que importar más residuos a una zona ya saturada es un error estratégico que compromete los recursos hídricos del futuro.

Este conflicto no es un caso aislado, sino que se enmarca en lo que algunos expertos empiezan a calificar como la "burbuja del biometano" en Galicia. La comunidad, gracias a su potente cabaña ganadera, se ha convertido en un objetivo prioritario para las energéticas que buscan descarbonizar sus carteras. Sin embargo, la falta de una planificación territorial ordenada está provocando que estos proyectos industriales choquen frontalmente con las comunidades rurales, que se sienten tratadas como meros vertederos energéticos al servicio de grandes corporaciones, sin recibir beneficios tangibles que compensen los riesgos asumidos.

El tablero político y la cuenta atrás administrativa

La disputa ha trascendido el ámbito local y empieza a sonar en la agenda política gallega. Mientras la Xunta de Galicia aboga por facilitar este tipo de iniciativas industriales como parte de la transición energética y la agenda de descarbonización, los partidos de la oposición, especialmente el BNG, han cerrado filas con los vecinos, exigiendo mayor rigor ambiental y transparencia. La presión sobre los alcaldes de la zona, mayoritariamente del PP, es máxima, ya que se encuentran atrapados entre la disciplina de partido, favorable al desarrollo industrial, y la indignación de sus propios votantes que exigen protección para sus tierras.

El calendario juega ahora un papel fundamental, ya que el plazo de alegaciones continúa abierto hasta final de año en los 31 puntos de recogida habilitados por la plataforma en nueve concellos diferentes. La estrategia de la oposición pasa por mantener viva la movilización en la calle y en los despachos, advirtiendo que las 1.600 firmas son solo el principio. Si la empresa y la administración autonómica no logran convencer a la ciudadanía de la inocuidad del proyecto, se prevé una primavera caliente de protestas y posibles recursos judiciales que podrían dilatar o paralizar la construcción. 

¿A qué se debe el problema de purines es en A Limia?

El problema de los purines en A Limia se define fundamentalmente como una crisis de saturación ambiental provocada por el desequilibrio entre la inmensa cantidad de residuos que genera la ganadería intensiva y la capacidad limitada del terreno para absorberlos.

La comarca, convertida en la gran despensa agroganadera de Galicia, concentra una densidad muy elevada de granjas de porcino y avícola que producen toneladas diarias de estiércol y purines. Aunque históricamente estos desechos se empleaban como abono natural para los extensos cultivos de patata y cereal, el crecimiento exponencial de la cabaña ganadera ha roto el ciclo natural: se vierte en los campos mucho más nitrógeno del que las plantas pueden asimilar, convirtiendo lo que debería ser un fertilizante en un contaminante masivo.

Esta situación se agrava drásticamente debido a la singularidad geológica de la zona, que se asienta sobre los terrenos de la antigua Laguna de Antela, desecada a mediados del siglo XX. Al tratarse de un humedal desecado, el suelo es muy permeable y el nivel freático se encuentra muy cerca de la superficie, lo que facilita que el exceso de purines esparcidos se filtre con gran rapidez hacia el subsuelo cuando llueve. Este proceso de lixiviación arrastra los nitratos directamente hasta los acuíferos y manantiales, elevando su concentración por encima de los niveles permitidos para el consumo humano y provocando que, en ocasiones, pueblos de la zona pierdan el acceso al agua potable debido al riesgo sanitario, especialmente el síndrome del bebé azul.

Además del impacto en la salud pública, este exceso de nutrientes desemboca en los ríos y canales de la cuenca, causando la eutrofización de las aguas, un fenómeno que hace proliferar algas que consumen el oxígeno y asfixian la vida fluvial. La presión regulatoria de la Unión Europea, que vigila el incumplimiento de las directivas de aguas, ha colocado a los ganaderos locales en un callejón sin salida: no pueden deshacerse de los residuos en sus tierras por las restricciones de las Zonas Vulnerables a nitratos, pero tampoco tienen mecanismos suficientes para gestionar tal volumen de desechos. Es precisamente esta "asfixia" logística y ambiental la que utilizan las empresas energéticas para justificar la instalación de plantas de biogás, argumentando que son la única vía tecnológica para procesar un residuo que la tierra de A Limia ya es incapaz de digerir por sí misma.