No había tantos muertos de tráfico en Galicia desde la pandemia

Las carreteras de nuestra comunidad han cerrado un año negro que rompe con la tendencia positiva observada en el conjunto del país, dejando un balance trágico que obliga a una profunda reflexión social y política. El asfalto gallego se ha cobrado la vida de 96 personas durante el año 2025, un dato desolador que supone un incremento de seis víctimas mortales respecto al ejercicio anterior y que nos aleja peligrosamente de los objetivos de seguridad vial marcados por las instituciones europeas y estatales.

Este repunte de la mortalidad en Galicia contrasta vivamente con las cifras presentadas este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha comparecido para desgranar un balance de seguridad vial que, a nivel nacional, invita a un moderado optimismo. Mientras España ha logrado salvar 35 vidas más que el año pasado, reduciendo su siniestralidad un 3% hasta los 1.119 fallecidos, nuestra autonomía se enfrenta a una realidad mucho más cruda y compleja donde las estrategias de prevención parecen haber perdido eficacia.

La situación gallega es particularmente preocupante porque se desmarca de la estadística general en un año en el que la movilidad ha recuperado e incluso superado los niveles previos a las crisis recientes. Los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico revelan que, aunque los desplazamientos por carretera aumentaron un 3,39% en todo el territorio, la tasa de siniestralidad nacional bajó a mínimos históricos de 2,1 muertos por millón de viajes; sin embargo, en el noroeste peninsular, la ecuación entre mayor movilidad y seguridad no ha funcionado, evidenciando que el riesgo de muerte sigue latente en cada curva.

El peligro de las carreteras convencionales

Para entender por qué Galicia sufre esta sangría es imprescindible mirar hacia la infraestructura que vertebra nuestro territorio, caracterizado por una enorme dispersión poblacional que obliga al uso intensivo del vehículo privado. 

Las estadísticas son demoledoras al señalar que tres de cada cuatro fallecimientos se producen en carreteras secundarias, esas vías de doble sentido que conectan nuestras aldeas y villas, donde el adelantamiento y la salida de vía se convierten a menudo en maniobras fatales debido a la falta de separación física entre carriles.

La provincia de Lugo, por ejemplo, ha emergido este año como un foco de especial preocupación debido a la alta siniestralidad en relación con su población, evidenciando que las soluciones genéricas diseñadas desde Madrid no siempre se adaptan a las singularidades del territorio gallego. 

A diferencia de las autopistas y autovías, que a nivel estatal han conseguido reducir su siniestralidad con 30 muertes menos gracias a sus mejores condiciones de seguridad, las carreteras convencionales siguen siendo un punto negro estructural. 

En Galicia, la orografía complicada y la climatología atlántica añaden factores de riesgo a una red viaria que no siempre perdona los errores humanos, y donde la salida de vía se ha consolidado como el tipo de accidente más letal, acumulando casi la mitad de las tragedias registradas.

No podemos ignorar que la gestión de estas infraestructuras y la concienciación sobre su peligrosidad son vitales, especialmente cuando observamos que los días sin víctimas mortales, conocidos como "días blancos", han aumentado en el conjunto de España. Sin embargo, en nuestra comunidad, la sucesión de noticias luctuosas apenas ha dado tregua.

Un envejecimiento poblacional que se refleja en el asfalto

El análisis pormenorizado del perfil de las víctimas destapa una realidad sociodemográfica que golpea con especial dureza a comunidades envejecidas como la nuestra. El grupo de edad que más ha visto incrementada su mortalidad es el de los mayores de 65 años, que ya representa más del veinte por ciento del total de fallecidos, un dato que en Galicia cobra una dimensión dramática debido a la estructura de nuestra pirámide poblacional y a la necesidad de movilidad de nuestros mayores en el entorno rural.

Este fenómeno convive con la persistente vulnerabilidad de otros usuarios de la vía que no viajan protegidos por la carrocería de un coche, como son los motoristas, peatones y ciclistas. Los motoristas, en particular, han sufrido un año terrible con un aumento de fallecidos que supera las trescientas víctimas a nivel nacional, muchas de ellas en salidas de fin de semana por carreteras convencionales, un patrón de ocio muy habitual en las rutas costeras y de montaña gallegas que requiere de una mayor vigilancia.

Por otro lado, los peatones siguen pagando un precio inasumible, especialmente en zonas donde las travesías urbanas se confunden con la carretera abierta y la visibilidad es reducida. Aunque a nivel global ha habido un ligero descenso en los atropellos, cada vida perdida de un viandante nos recuerda la urgencia de pacificar el tráfico en las zonas habitadas y de proteger a quienes caminan por los arcenes, a menudo personas mayores que simplemente realizan sus tareas cotidianas.

La responsabilidad individual frente a la tragedia colectiva

Más allá de las infraestructuras y la demografía, existe un factor humano determinante que sigue presente en la mayoría de los siniestros: la falta de uso de los sistemas de seguridad pasiva. Resulta incomprensible y desolador descubrir que uno de cada cuatro fallecidos en turismo o furgoneta todavía no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del impacto, un gesto simple que marca la diferencia entre la vida y la muerte y cuyo olvido sigue destrozando familias enteras.

A esta negligencia se suman los comportamientos delictivos y antisociales que las autoridades y asociaciones de víctimas llevan tiempo denunciando, como el consumo de alcohol y drogas al volante o el uso del teléfono móvil. Las distracciones se mantienen como la primera causa de mortalidad, agravadas por la velocidad inadecuada, formando un cóctel letal que en Galicia se combate con controles que, lamentablemente, son a menudo boicoteados por grupos de mensajería que alertan de la presencia policial.

La DGT recuerda conducta insolidaria de avisar sobre la ubicación de los controles de la Guardia Civil no es una picardía, sino una colaboración necesaria con la muerte en carretera, ya que permite a conductores borrachos o drogados eludir la ley y seguir circulando, poniendo en peligro al resto de usuarios. Es fundamental un cambio de mentalidad social que penalice moralmente estas acciones y entienda que la seguridad vial es una construcción colectiva y solidaria. 

Mirando hacia el futuro, la meta de reducir drásticamente las muertes para 2030 parece hoy un poco más lejana para Galicia que para el resto de España. Revertir esta situación requerirá no solo más inversión en mantenimiento de carreteras y tecnología de vigilancia, sino también un compromiso firme de toda la sociedad. Visto lo visto, queda mucho por hacer.