La Eurocámara rechaza relajar el derecho a compensación por retraso y exige equipaje de mano sin sobrecoste

La comisión de Transporte del Parlamento Europeo ha adoptado este lunes sus líneas rojas en la negociación de la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos con los gobiernos, una revisión pendiente desde hace más de una década y para la que los eurodiputados rechazan de plano relajar los umbrales que dan derecho a compensación por retraso y exigen que quede protegido el derecho a embarcar con equipaje de mano sin sobrecoste.

La posición de la Eurocámara --que debe ser aún confirmada en sesión plenaria la próxima semana en Estrasburgo (Francia)-- choca con la posición consensuada por los Veintisiete el pasado junio, en la que las capitales se limitaron a contemplar la gratuidad de un bulto personal que quepa bajo el asiento (como mochilas, bolsos o bolsas de ordenador) y obviaron así el derecho avalado por varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de que el viajero pueda embarcar también sin sobrecoste con una maleta de mano de dimensiones máximas de 100 cm (largo, ancho y alto combinados) y un peso no superior a 7 kg.

Los eurodiputados también defienden que se mantengan sin cambios derechos ya consagrados para los pasajeros como el umbral actual de tres horas de retraso (o cancelación o denegación de embarque) y las sumas de compensación previstas, en lugar de los cambios propuestos por los Veintisiete para dar más margen a las aerolíneas, que no tendrían que indemnizar a los afectados por retrasos hasta las 4 o 6 horas, en función de la distancia del vuelo.

Así, se oponen igualmente a reducir los importes actuales de compensación y sugieren que se fijen entre 300 y 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo. El Consejo plantea un pago de 300 euros si el retraso es de al menos 4 horas en los vuelos de hasta 3.500 kilómetros y de 500 euros sólo cuando el retraso supere las 6 horas de espera para rutas que superen esa distancia.

Otras de las claves que defienden los eurodiputados para incorporar en la reforma es que la elección de asiento sea libre para las personas que acompañen a niños menores de 14 años o personas con movilidad reducida.

En cuanto a las razones extraordinarias que eximen a las aerolíneas de su responsabilidad de indemnizar por retraso o cancelaciones, los eurodiputados también se abren a actualizar la lista pero reclaman una lista "exhaustiva" y que la Comisión la mantenga actualizada, para evitar abusos. Entre las posibilidades reconocidas en esa lista, apuntan desastres naturales, guerras, condiciones meteorológicas adversas o conflictos laborales imprevistos que afecten al operador aéreo, aeropuerto o proveedor de servicios de navegación aérea.

Los eurodiputados también quieren eliminar las tasas adicionales que algunos viajeros se ven obligados a pagar, por ejemplo, para corregir errores ortográficos en los nombres de los pasajeros o para facturar, al tiempo que reclaman que los viajeros puedan presentar su tarjeta de embarque tanto en formato digital como físico.

La reforma deberá, asimismo, obligar a las aerolíneas a proporcionar a los pasajeros afectados por incidencias el acceso a un formulario único para indemnizaciones y reembolsos, precumplimentado, sin esperar a que estos lo soliciten o establecer canales de comunicación automáticos equivalentes en un plazo máximo de 48 horas tras la incidencia.

REFORMA ESTANCADA MÁS DE DIEZ AÑOS
La Comisión Europea presentó su primera propuesta de reforma en 2013 y la Eurocámara fijó su posición al respecto un año después, pero las diferencias entre los Veintisiete han mantenido el proceso en punto muerto durante más de una década.

Tras una propuesta revisada por Bruselas en 2023 y el mandato consensuado por los 27 el pasado junio, quedaba que los eurodiputados revisaran sus posiciones antes de abordar la negociación final de la reforma.

En un primer dictamen no vinculante también el pasado junio, la Eurocámara apuntó su rechazo a la relajación que contempla el Consejo, pero es con este informe con el que la institución marca sus líneas rojas en segunda lectura para abordar la negociación definitiva con los gobiernos.