Fiscalía de A Coruña investiga presuntas irregularidades en las oposiciones a la Seguridad Social celebradas en Galicia

El Estado ha paralizado el nombramiento de los nuevos funcionarios tras detectar posibles irregularidades en los exámenes realizados en septiembre en A Coruña. La Policía Judicial y la Fiscalía analizan si hubo fraude en un proceso con más de 50.000 aspirantes en todo el país, de los cuales 4.000 se examinaron en Galicia, donde se ha detectado un inusual porcentaje no solo de aprobados, sino también de opositores que acertaron todas las preguntas de un examen que suele ser extremadamente difícil.


 


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La ministra de Seguridad Social Elma Sainz y el ministro del Interior Grande Marlaska
La ministra de Seguridad Social Elma Sainz y el ministro del Interior Grande Marlaska

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto una investigación por un presunto fraude en las oposiciones al cuerpo administrativo de la Seguridad Social realizadas el pasado 13 de septiembre. La decisión llega después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmara la existencia de “indicios de irregularidad” en el proceso, lo que ha llevado a retrasar la incorporación de las personas que habían obtenido plaza en las listas publicadas en noviembre.

 

El examen, al que se presentaron más de 51.700 personas en toda España, incluía a cerca de 4.000 aspirantes gallegos que realizaron la prueba en las instalaciones de la Universidade da Coruña, único punto de examen en Galicia. Las sospechas surgen por la abrumadora presencia de aspirantes de esta sede entre las mejores calificaciones del país: 25 de los 50 primeros realizaron el examen en A Coruña, una proporción considerada “estadísticamente anómala” por parte de los candidatos, muchos de los cuales han presentado reclamaciones, según adelantó La Voz.

 

Desde el Ministerio aseguran que se efectuó un análisis interno exhaustivo—con entrevistas, revisión de documentación y comprobación de procedimientos—antes de trasladar el caso a la Fiscalía. Según explicaron las mismas fuentes, se constataron hechos que podrían constituir delitos, motivo por el cual se dio cuenta al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial.

 

Desconfianza entre los opositores

Las sospechas nacieron entre los propios aspirantes, que tras comparar los listados finales detectaron diferencias notables en las notas obtenidas en A Coruña respecto a otras sedes, como Madrid, Valencia o Sevilla. En particular, el primer ejercicio —de tipo teórico— habría arrojado notas de entre siete y diez puntos superiores al promedio nacional.

 

“Es imposible estadísticamente”, afirmaban candidatos y preparadores que detectaron la desproporción hace semanas. La denuncia también se trasladó a los ministerios de Seguridad Social y de Función Pública, así como al Defensor del Pueblo, que recibió varias quejas sobre la posible filtración de los cuestionarios utilizados en Galicia.

 

Además de las calificaciones, algunos opositores aseguran que fallaron los controles de seguridad durante la realización del examen. Denuncian que “no se revisaron los teléfonos móviles” y que “no había inhibidores de señal ni cámaras de vigilancia”, algo habitual en otras convocatorias estatales.

 

Academias y sindicatos piden claridad

El presunto fraude ha generado gran inquietud entre academias y sindicatos. Academias y preparadores insisten en que la prueba, que ya por si suele ser muy difícil, resultó extremadamente complicada en la convocatoria en cuestión. Por eso extrañan tantos 'plenos' procedentes de una misma autonomía.

 

La organización sindical CSIF confirmó haber recibido comunicación del Gobierno sobre el retraso del proceso de nombramiento mientras duren las investigaciones. Desde CCOO, por su parte, explican que remitieron hace semanas una consulta al ministerio para conocer los detalles del caso, aunque todavía no obtuvieron respuesta.

 

Miles  de aspirantes gallegos y de otras comunidades aguardan las conclusiones de la Fiscalía de A Coruña y de la Policía Judicial. Hasta que se esclarezcan los hechos, el Gobierno mantendrá en suspenso el nombramiento de los nuevos funcionarios.

 

Las posibles irregularidades empañan una convocatoria que formaba parte de la última Oferta Pública de Empleo del Estado, aprobada en 2025, que incluía 1.970 plazas para la Administración de la Seguridad Social, de las cuales 1.410 eran de ingreso libre.



 

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